El pasado 12 de noviembre más 280 extrabajadores del Poder Judicial de la Federación, entre jueces y magistrados que fueron cesados de sus cargos y otros obligados a renunciar, con motivo del proceso electoral del pasado 2 de junio donde se renovó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de administración judicial y el 50% de los jueces de distrito y magistrados de circuito federales; se manifestaron a las afueras de las instalaciones del órgano de administración, para reclamar el pago de sus liquidaciones y prestaciones laborales que de acuerdo al artículo quinto transitorio de la reforma el gobierno federal se obligó a cubrirles.
Sin embargo, la respuesta que tuvieron fue el ser reprimidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, violando su derecho a la libre manifestación que llevaban a cabo de una manera pacífica.
Aún y cuando se les ha informado que a partir del 10 de diciembre de este año, se iniciará el proceso del pago de indemnizaciones a los funcionarios judiciales cesados, la inconformidad subsiste ya que se pretende liquidarlos con su salario neto, sin tomar en cuenta las prestaciones y beneficios que por ley tenían asignados y que forman parte de su salario integrado, sobre el cual debe hacerse el pago de las indemnizaciones.
Es de llamar la atención, que cuando se trata de reprimir a manifestantes los elementos de seguridad sobran y el dispositivo que se implementa para ello está perfectamente estructurado, para desalojar en el menor tiempo posible y con el uso excesivo de la fuerza a quienes pretenden les sea respetado su derecho a la libre manifestación; pero cuando los grupos de la delincuencia llevan a cabo sus actividades, normalmente mucho tiempo después los elementos de seguridad se hacen presentes, cuando los delincuentes ya se dieron a la fuga, sin que después se tenga información de ellos.
En este caso, es evidente que los exjueces de distrito y magistrados de circuito, no son ignorantes del derecho y de lo que conforme a la ley deben recibir como indemnización y liquidación por los años que prestaron sus servicios en el Poder Judicial de la Federación, ya que hoy a más de 45 días en que fueron cesados no perciben ingreso y están impedidos a desarrollar actividades profesionales como el litigio en la demarcación territorial donde prestaron sus servicios por lo menos durante dos años, siendo comprensible su reclamo para recibir su liquidación.
Desafortunadamente, con los recortes al Poder Judicial y la austeridad republicana que pregona el oficialismo, de no recibir su pago los jueces y magistrados en este año, para 2026 será todavía más difícil que les sea cubierto y aunque decidieran demandar al Poder Judicial de la Federación y ganaran sus juicios, no hay forma en que puedan hacer valer las sentencias, con un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo con jueces y magistrados al servicio del gobierno.
Por ello, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (JUFED) ha reiterado su apoyo a la lucha de quienes por años sirvieron al Poder Judicial de la Federación en la administración de justicia y que hoy reciben un trato como delincuentes desalojados con el uso de la fuerza pública.
Si el oficialismo ya logró lo que quería desde el gobierno de AMLO, que era apoderarse del control del Poder Judicial y desmantelarlo echando a quienes consideraba sus enemigos por no subordinarse a sus órdenes, al menos debe cubrir las indemnizaciones, respetando los derechos laborales.
La actitud de soberbia y autoritarismo del órgano de administración judicial debe servir de muestra para los jueces y magistrados que deberán dejar sus cargos en 2027, ya que seguramente con la misma vara serán medidos por lo que deberían solidarizarse con sus excompañeros que hoy sólo reclaman una indemnización justa y que no es una dádiva del oficialismo, ya que la misma Constitución General de la República les reconoce el derecho a recibirla.
Veremos si en los próximos días, hay un cambio en la actitud del órgano de administración de justicia y cumplen con el pago a los jueces y magistrados separados, antes de que concluya este año, lo que se ve difícil, ya que en los primeros 45 días de gestión de los nuevos ministros y de quienes integran el órgano de administración, las carencias en insumos y materiales para el desarrollo de las actividades de los juzgados y tribunales ya empiezan a resentirse repercutiendo en el trabajo y acceso a la justicia de los ciudadanos.
Hasta el día de hoy, no se percibe ningún cambio favorable en el desempeño de las funciones del Poder Judicial de la Federación, sino por el contrario, con el recorte de $15,805 millones de pesos a su presupuesto para 2026, de los $85,960 millones de pesos solicitados, se prevé que las carencias y recortes de personal sigan para estirar un presupuesto insuficiente para sacar adelante la enorme carga de trabajo que tiene dicho poder, lo que incluso ha motivado las primeras renuncias de jueces y magistrados que ganaron la elección y que no están dispuestos a someterse a cargas de trabajo excesivas sin un salario digno y prestaciones, además con el riesgo de ser cesados y no recibir al menos una liquidación en términos de ley.