El panista Eduardo Rivera Pérez intentó restarle importancia a las graves observaciones detectadas en su cuenta pública como expresidente municipal de Puebla, limitándose a un discurso de “normalidad” y apelando a los plazos legales para su supuesta solventación.
Esta postura evasiva contrasta fuertemente con las cifras expuestas esta semana por la diputada federal Nora Merino Escamilla. La legisladora señaló que Rivera Pérez enfrenta serias dificultades para justificar la aplicación de recursos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En un reciente informe de la mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, se reveló que el monto total aún observado asciende a 270 millones de pesos.
De esta alarmante cifra, apenas el 3.5 por ciento, es decir, solo 10 millones de pesos, ha sido efectivamente aclarado.
“Con problemas de solventación tenemos poco más de 80 millones de pesos. Entonces, la realidad es que es un caso grave”, sentenció la legisladora Merino Escamilla, haciendo un llamado público al expresidente y su equipo a rendir cuentas.
Frente a la magnitud de las acusaciones, Eduardo Rivera Pérez respondió con una tibia defensa, alegando que el proceso de observaciones es “normal” y que están “en tiempo y forma” para agotarlas.
“Estamos muy tranquilos”, comentó, en un intento de proyectar confianza que choca con los hechos.
Rivera Pérez aprovechó para señalar que las acciones de su gestión en calles, parques y programas como “Médico Contigo”, o las estancias infantiles.
Finalmente, el expresidente optó por la victimización política, sugiriendo que las críticas son meras “cortinas de humo” contra su gestión, un argumento que busca deslegitimar la fiscalización.