A partir de este 2023 las fuerzas políticas podrán acumular el monto de sus financiamientos nacional y estatales para administrarlos en fideicomisos y así evitar que al fin de año tengan remanentes que deban devolver al erario, todo gracias a un proceso legal que comenzó Morena desde el año 2019.
El uso de ese instrumento financiero será permitido con ese fin pese a que la Ley de Austeridad Republicana prohíbe los fideicomisos, y establece que “bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización del gasto”.
Esa figura ha sido condenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha promovido su extinción en casi todas las áreas de la administración pública, pero durante dos años Morena litigó judicialmente y ganó el derecho a hacer guardaditos mediante esa vía, lo que ahora podrá aplicar este 2023 con vistas a las elecciones de 2024 , año de elección presidencial.
La situación beneficiará a todos los partidos, aunque recibirán mucho menos financiamiento: en conjunto tendrán casi 6,200 millones de pesos en 2023 provenientes de recursos federales y una suma similar de financiamientos estatales.
En cambio, Morena por sí sola, como principal fuerza política del país, contará este año con 1,909 millones de pesos de financiamiento público federal, además de casi otros 1,700 millones de pesos provenientes de sus Comités Ejecutivos Estatales (CEE).
En total, gozará de casi 3,400 millones de pesos, mismos a partir de este año ya podría concentrar en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y ejercerlos multianualmente gracias a una sentencia emitida el 12 de junio pasado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con esa sentencia, resultó ya innecesario reformar, como estaba previsto en el Plan B de reforma electoral, la Ley de Partidos Políticos para permitir que estos puedan “utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”, cambio que se frenó al final.