A pesar del aumento de más del 120 por ciento en el salario mínimo durante los últimos años, la precariedad laboral sigue siendo una constante estructural en México.
El Informe 2025: Precariedad laboral en México del Observatorio de Salarios de la IBERO Puebla advirtió que la mayoría de los trabajadores carece de ingresos suficientes y condiciones dignas, forzando un nuevo fenómeno de autoexplotación.
El análisis presentado por el Observatorio señala que, si bien en décadas pasadas varias personas de una familia debían trabajar para subsistir, hoy el paradigma ha cambiado: una sola persona debe tener más de un empleo solo para cubrir sus necesidades individuales, un fenómeno que el informe denomina autoexplotación.
La investigación abordó la precariedad desde tres ejes: la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección.
El investigador Miguel Calderón Chelius, coordinador del Observatorio, subrayó que esta condición se manifiesta en la imposibilidad de millones de personas para satisfacer sus necesidades básicas.
“La precariedad no es algo nuevo o casual, sino que es algo que ha ido cambiando históricamente”, agregó Alondra Morales Bermúdez, coautora del Informe.
Pese a que el incremento acumulado del salario mínimo ha sido de 127.4 por ciento desde 2018, este monto sigue siendo insuficiente para garantizar el bienestar de las familias.
El informe estima que el ingreso requerido para garantizar una vida digna a una familia de cuatro integrantes es de 27 mil 80 pesos mensuales.
No obstante el salario mínimo vigente es de 8 mil 364 pesos mensuales. El monto actual solo representa poco más de una tercera parte de lo necesario para una vida digna, y se encuentra 17.3 por ciento por debajo del ingreso para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Los investigadores destacaron que, aunque se han logrado avances normativos (como la ampliación de vacaciones y el debate sobre la semana laboral de 40 horas), la informalidad, la falta de prestaciones y las malas condiciones de contratación son el principal obstáculo.
La falta de prestaciones no salariales (esquemas de seguridad social y familiar) es crítica. En Puebla, apenas entre el 30 y el 40 por ciento de los trabajadores logra acceder a ellas.