Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheimbaum de abrir el debate, análisis y discusión de la reforma electoral en México, que forma parte del paquete del segundo piso del movimiento de la 4T, muchas organizaciones ciudadanas, partidos de oposición, exfuncionarios del INE, académicos, organismos de la sociedad civil y medios de comunicación, pensaron que se encendía un foco de esperanza y que la presidenta estaba impulsando un cambio muy importante para el futuro del país, que la distinguía de su antecesor AMLO
El estilo de expresidente en la presentación de sus iniciativas de reformas legislativas y constitucionales se caracterizó por anunciar que se iban a escuchar todas las voces para mejorar sus propuestas y hasta en algunos casos, se propuso realizar consultas ciudadanas para reforzar sus propuestas y al final el texto original presentado, quedaba igual y así, sin cambiarle una coma, era aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión.
El hecho de que la reforma electoral que se llegue a aprobar sea producto de la participación de todos los actores sociales y de que se escuchen a todos los grupos, no sólo sería benéfico para el país, sino para la presidenta y de Morena y partidos aliados PT y PVEM porque demostrarían su apertura y que la reforma que se apruebe, tenga legitimidad y respaldo ciudadano.
Sin embargo, hasta ahora, las cosas no pintan bien y el hecho de que la presidenta haya designado al extitular de la UIF Pablo Gómez Álvarez como el coordinador de la Comisión Presidencial para la reforma electoral encargada de convocar a foros de debate y discusión para elaborar el proyecto de iniciativa, que de acuerdo a versiones periodísticas se le dio una salida digna, al haber pedido el gobierno de Estados Unidos su remoción del cargo, por los nulos resultados que dio para investigar a los funcionarios y empresas coludidas con los carteles del narcotráfico.
Así el pasado 6 de agosto, el anuncio de la presidenta de los nombres de los personajes que lo acompañarán en esta tarea, todos integrantes de primera línea de su gabinete, algunos incluso sin ninguna experiencia en materia electoral como son: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Peña Merino, director de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia; Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y jefe de la oficina de la presidencia, así como el impresentable Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y actual coordinador de Política y Gobierno de la presidencia, todos con derecho a voz y voto ha despertado fuertes críticas.
Los cuestionamientos a los funcionarios designados, se fundamentan en dos razones: la primera, porque el mensaje que sale desde Palacio Nacional, es que sólo esta cúpula de personajes tendrá la batuta y en el proceso mediante la simulación nos dirá, que todos los ciudadanos y grupos tuvieron el derecho de opinar y proponer, lo que no significa, que la comisión esté obligada a incorporar sus ideas en el texto final de la reforma. Y la segunda razón, es que la presidenta optó por privilegiar la lealtad de sus funcionarios para con ella, antes que la experiencia y profesionalismo necesarios para una tarea de esta envergadura.
Si bien es cierto, aun no se conoce a ciencia cierta el texto final de la reforma electoral, como lo señalé en mi colaboración de la semana pasada, las directrices más relevantes ya están en la mesa, no de ahora, sino desde que en el sexenio anterior AMLO y que son plenamente compartidas por Pablo Gómez, entre otras: la necesidad de cambiar al INE por un nuevo órgano denominado Instituto Nacional de Elecciones, reduciendo drásticamente su presupuesto, eliminar plurinominales, reducir el financiamiento a los partidos políticos.
Así las cosas, nos preguntamos, si los viejos líderes de la izquierda mexicana, como Pablo Gómez Álvarez que en 1979 se beneficio de la reforma electoral de 1977, que le permitió llegar a ser diputado federal electo por el PCM, en la que por primera vez la Cámara de Diputados se conformó por 400 diputados: 300 por mayoría relativa y 100 bajo el principio de representación proporcional.
Gracias a dicha reforma, la izquierda mexicana en las elecciones de 1979 con apenas el 5.1 % de la votación, les fueron asignadas 23 diputaciones. En las elecciones de 1982 el PSUM con sólo el 3.5 % de la votación nacional obtuvo por la vía plurinominal 17 diputaciones. En 1988 postulado por el PMS Pablo Gómez volvió a ser diputado federal por a vía plurinominal; es decir fue diputado dos veces, sin haber ganado una elección, sino por la vía de la representación proporcional. En 1991, otra vez Pablo Gómez postulado por el PRD se integró a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Hoy, la tarea que tiene a su cargo, se vuelve muy compleja, ya que lo que preocupa a la 4T, es la crítica al sistema de representación proporcional, que según sus ideas, se ha viciado y pervertido por beneficiar sólo a los líderes de los partidos y sus cúpulas y ahora es necesario, cambiarlo pero, ¿a qué precio?
Terminar con el carácter pluripartidista de las cámaras, para que sólo prevalezca un solo partido o con nuevas reglas, para hacer más justas y equitativas las elecciones, para que sólo lleguen a las legislaturas quienes hayan logrado obtener en las urnas el apoyo popular mediante el voto ciudadano.
La moneda está en el aire, porque de esta reforma, depende el futuro de la incipiente democracia de nuestro país y de que no exista una regresión a las conquistas en la materia que tantas vidas y luchas, costaron al país para terminar con el partido de Estado y la dictadura perfecta que por más de setenta años se impuso en México.