Después de la aprobación de las once reformas enviadas por la presidenta a las cámaras de Diputados y Senadores, que han sido consideradas como una parte fundamental del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y que impulsó la Presidenta desde su campaña, fueron las siguientes:
1. La reforma integral en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas.
2. La Ley de la Guardia Nacional, que ahora queda bajo el control del ejército.
3. La ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. La Ley Nacional de Investigación e inteligencia.
5. La reforma a la ley antilavado y al Código Penal federal.
6. Reforma a programas sociales y disciplina presupuestal.
7. Reforma a la ley general de vida silvestre.
8. Reforma en materia de competencia económica y entidades paraestatales.
9. Reforma ferroviaria y de bienes nacionales.
10. Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos.
11. Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Las reformas anteriores han sido duramente criticadas por los partidos de oposición y por organismos internacionales debido a sus implicaciones para los derechos de los ciudadanos a su privacidad y el control que el Estado tiene ahora de la información en aras de lograr la captura de los grupos de la delincuencia organizada.
Ante dicho panorama, todo indicaba que las cosas para la Presidenta estaban saliendo a pedir de boca y que incluso el tema de la aplicación de los aranceles del gobierno de Donald Trump a los productos mexicanos estaba bajo control y en negociaciones para lograr resolver los temas prioritarios para el vecino del norte, que son la lucha contra los cárteles del narcotráfico y frenar la inmigración.
Sin embargo, las dos últimas semanas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, han sido de pesadilla, a la luz de los recientes acontecimientos, en que se han endurecido las exigencias de Trump, acusando al gobierno mexicano de no estar haciendo lo suficiente para frenar la producción de fentanilo en México y que continúa la entrada de dicho estupefaciente a territorio estadounidense, incluso acusando que las autoridades mexicanas están petrificadas y no saben cómo combatir a la delincuencia organizada que sigue controlando la tercera parte del país, con el contubernio de autoridades municipales, locales y federales.
Otro de los temas que han ocupado las últimas planas de los diarios y portales de noticias, es la red de tráfico del denominado huachicol fiscal con los decomisos y hallazgos de grandes cantidades de diésel y gasolina en estados del norte del país, como Tamaulipas, Sonora y Baja California y en el sur en estados como Tabasco producto del saqueo de los ductos de Pemex y de productos que entran y salen del país, sin pagar impuestos, con la complicidad no sólo de autoridades del fuero común, sino también en contubernio con elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en acciones de las que ha dado cuenta y obtenido excelentes resultados el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Omar García Harfuch; aunque sin reportar detenidos.
La presión del gobierno de Trump, por la falta de resultados de México, se tradujo en el anuncio de la aplicación de aranceles del 30 por ciento a todos los productos mexicanos que están fuera del T-MEC como el jitomate afectando la producción y los ingresos de agricultores de estados del norte cuyas pérdidas son millonarias; previamente la decisión del gobierno norteamericano de cerrar la frontera para impedir el ingreso de ganado de México por el brote del gusano barrenador, que representa una pérdida superior a los 400 millones de dólares.
A lo anterior se suma la exigencia de Trump de que México detenga a los narcopolíticos y empresarios que se han coludido con los carteles por apoyar y financiar a lo que ellos califican como grupos terroristas; incluso se ha especulado la existencia de una lista de políticos y funcionarios de los que Estados Unidos tiene información de sus actividades delictivas y ante la inacción del gobierno mexicano, subsiste la amenaza de que se ordenen operativos en nuestro país, para detener a dichas personas y llevarlos ante la justicia norteamericana, como ocurrió con El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, cuya salida de México no ha sido esclarecida.
La encrucijada a la que se enfrenta la presidenta consiste en que, por una parte, debe demostrar a Crump que está haciendo lo suficiente y necesario para combatir a los cárteles del narcotráfico y frenando la producción de fentanilo, deteniendo a todos los involucrados para llevarlos a juicio ante el sistema judicial mexicano, sin distinciones y sin importar su cargo o militancia en Morena, y por otra parte tiene la presión de su antecesor y la militancia de su partido, que saben que de proceder de esta forma, encarcelando a gobernadores y líderes, el costo político para su movimiento sería muy grave ya que los debilitaría con vista a las elecciones de 2027 porque con ello perderían la confianza de la ciudadanía.
Por ahora el escándalo desatado a raíz de la fuga del país en enero pasado, del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán N., acusado de ser el líder del grupo delictivo conocido como La Barredora en el gobierno de Adán Augusto López y su sucesor en el gobierno Carlos Manuel Merino Campos, denunciado por el actual gobernador Javier May, ha puesto al gobierno federal y a la 4T de cabeza, sin saber a ciencia cierta de qué forma deben proceder en este caso por estar involucrado el líder de Morena en el Senado.
El riesgo que corre el gobierno de Sheinbaum, de no proceder conforme a sus facultades y responsabilidades como jefa de Estado, es que los Estados Unidos continúen imponiendo sanciones como los aranceles o bien, que ellos procedan directamente a detener a los responsables de apoyar a los cárteles para someterlos a juicio ante la justicia norteamericana; lo que sería muy delicado para el Gobierno de la República.