El diputado Andrés Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar el marco normativo para evitar que los grupos criminales sigan utilizando a menores de edad y personas vulnerables para obtener y transmitir información sobre los movimientos de las instituciones de seguridad pública que les permita tener ventaja sobre estas, mediante el uso de los llamados “halcones”.
Ante el Pleno, el morenista explicó que dentro de la delincuencia organizada cobra relevancia la denominada labor de halconeo, que consiste, en parte, en informar a un grupo criminal, por cualquier medio, toda actividad ejecutada por autoridades de la rama de seguridad pública, procuración y administración de justicia, que signifique un riesgo para la operación de aquel, con la pretensión de propiciar la continuidad operativa de la organización criminal, o bien la ejecución inminente de un delito.
Informó que en su mayoría, el halconeo se realiza por medio de menores de edad, y se ha convertido en una actividad que propicia aún más la violencia, ya que consiste en su mayoría, en la vigilancia, acecho o transmisión de información sobre operativos de seguridad para obstaculizar la acción de las autoridades y favorecer la comisión de diversos delitos.
Este fenómeno delictivo ha permeado en el crimen organizado, ya que con la finalidad de mejorar y prolongar su operación delictiva cuentan con una extensa red de vigilancia en ciudades, pueblos y autopistas para monitorear la actividad de las autoridades en materia de seguridad pública.
El halconeo, actualmente, es una actividad que representa un grave obstáculo a la seguridad pública, procuración de justicia y mantenimiento de un Estado de derecho, debido a que influye en la efectividad de las operaciones de fuerzas armadas y federales de seguridad pública.
El delito de “espionaje contra las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia” se encuentra contemplado en el artículo 186 Octies del Código Penal para el Estado, y se estableció con el objetivo de sancionar conductas que, financiadas por la delincuencia organizada, son realizadas por individuos que tienen como fin la generación de información sobre la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, pero sobre todo su propósito fue proteger la integridad de los elementos de las instituciones de seguridad pública y las fuerzas armadas, así como el efectivo desempeño de sus funciones.
Al respecto, Puebla está entre los 18 estados con mayor incidencia en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por cárteles delictivos. De acuerdo con el informe de la Secretaria de Gobernación Federal, los grupos del crimen organizado recurren a redes sociales, amenazas, videojuegos y falsas promesas de dinero y empleo con el que captan a menores de 17 años para usarlos como halcones, niños-sicarios o auxiliares en la desaparición de cadáveres.
Villegas destacó que su iniciativa busca robustecer el artículo 186 Octies del Código Penal para el Estado, al incluir la agravante para aumentar la pena hasta en una mitad de la establecida en dicho artículo para los casos en los que se empleen menores de edad, personas en situación de vulnerabilidad o adultas mayores para la ejecución del delito.
Con esta nueva agravante se busca inhibir, lo más posible, la participación de grupos vulnerables de la población, especialmente a nuestros jóvenes y menores de edad.
La propuesta fue enviada a Comisiones para su análisis y su posible aprobación.