El hasta hace poco jefe de educación física de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Miguel T., fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de abuso sexual, luego de ser denunciado por una alumna de la institución educativa. Además, la institución lo mantuvo en su cargo incluso cuando ya había sido promovido un amparo contra las propias omisiones de las autoridades educativas.
Pese a ello, hace un par de días la UPAEP aseguró en un comunicado que la institución había recibido previamente una denuncia a través de su Sistema de Integridad, ante la cual se inició inmediatamente un procedimiento basado en los protocolos institucionales, lo que implicó un diálogo directo con los denunciantes, incluidos los padres de familia.
Sin embargo, según consta en un expediente judicial de un juzgado de distrito de Puebla, cuyos detalles están disponibles en el buscador del Consejo de la Judicatura Federal, un amparo indirecto fue promovido desde principios de abril contra la institución por la omisión de aplicar protocolos de prevención, detección, atención y sanción para hechos de hostigamiento sexual, abuso, discriminación, acoso, maltrato y violencia.
El reclamo fue admitido por el Poder Judicial el 2 de abril y para el 9 fue concedida la protección de la justicia ante las medidas que había tomado la escuela para supuestamente resguardar la seguridad de la alumna, que consistían en desalojarla de las residencias universitarias y retirarle parte de los beneficios de su beca escolar.
En el expediente están mencionados el Comité Formador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la jefa del Departamento de Vida Universitaria de la UPAEP, el rector y el Comité de Integridad Institucional como autoridades responsables. Ante la determinación del juzgado de proteger los derechos de la alumna y ordenar la garantía de que continuara con sus clases sin ser desalojada ni suspendida de su beca, estas incluso respondieron con una queja.