A veintiún días de que se lleven a cabo las elecciones de ministros, magistrados y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como de los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales de 19 estados del país, en esta primera fase, con 1800 cargos, y posteriormente en 2027, en una segunda fase, lo harán los estados que decidieron no llevar a cabo su proceso local en este año.
La situación en la que se encuentran inmersos los poderes ejecutivo y legislativo, así como el INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sacar adelante el proceso, atraviesan por muchas dificultades y dudas, siendo en este momento lo más preocupante la falta de convencimiento a los ciudadanos que se encuentran inscritos en las listas nominales del padrón electoral y que podrán acudir a emitir su voto, en esta elección extraordinaria e inédita en la historia de la democracia en el país.
Los obstáculos y problemas que desde el inicio se previeron para primero sacar adelante la reforma a los artículos 96 al 100 de la Constitución General de la República, que señala que los Ministros, Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación deberán ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía.
Otro de los elementos, que han jugado en contra del proceso desde el principio ha sido la falta de recursos suficientes al INE para organizar adecuadamente las elecciones, ya que de los 13 mil millones de pesos que originalmente solicitaron, al final sólo les fueron asignados 8 mil millones de pesos, lo que trajo como consecuencia una reducción en el personalnecesario para las tareas de capacitación y de organización, lo que originó una reducción en el número de casillas, que normalmente se instalan para una elección como la presidencial para tratar de cubrir todo el territorio del país.
El porcentaje de participación de electores en el proceso que se tiene considerado varía desde las estimaciones más pesimistas que la ubican hasta en un 5%, hasta el más optimista que prevé un 15% de participación; pero casi en todos los pronósticos, nadie considera que puede llegar al 20%, ni aún y cuando los operadores del oficialismo y los beneficiarios de los programas del Bienestar logren llevar a los ciudadanos a emitir su voto, ya que uno de los principales problemas, es que muy pocos comprenden cómo deben emitir su voto y además desconocen la trayectoria y méritos de los candidatos, por lo que, han decidido mejor no complicarse la vida y abstenerse de participar en la jornada electoral del 1 de junio.
El discurso, que permeó entre los militantes y simpatizantes de Morena y sus partidos aliados PT y PVEM y que hicieron extensivo a grandes sectores de la sociedad, sobre la conveniencia y significado que tendría el hecho de que ellos pudieran elegir mediante su voto a sus ministros, magistrados y jueces, popularmente dio buenos resultados, ya que la percepción de que esto beneficia a los ciudadanos llegó a estimarse hasta en un 67%, lo que no significa que quienes entran en esa estadística, efectivamente irán a votar por los candidatos que aparecerán en la boleta.
Las últimas noticias sobre la inclusión en las listas aprobadas por el Senado de la República de candidatos identificados con los cárteles y grupos de la delincuencia organizada, así como de defensores de líderes de estos grupos, puso una alerta roja en el proceso, que motivó que el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que se habían equivocado en los registros y que de no ser por las denuncias ciudadanas sobre los nexos de estos candidatos y trayectorias, hubiera sido imposible que los comités encargados de aprobar los registro se hubieran percatado de haber dejado pasar a dichos personajes; que a decir del INE ya no pueden ser excluidos de las boletas, por lo que legítimamente participarán en las elecciones con posibilidades de ganar para ocupar los cargos.
A pesar de todo lo aquí señalado, es inminente que el 1 de junio próximo, México vivirá su primera elección de integrantes del Poder Judicial y hasta el momento, nada, ni nadie, ya sea que se trate de los partidos de oposición o los inversionistas de Estados Unidos que tienen capitales en México y que han pedido el apoyo de los legisladores del Congreso norteamericano que se frene el proceso, por la desconfianza y riesgo en que se encuentran sus intereses, ante un Poder Judicial controlado desde el gobierno y sin independencia para emitir sus resoluciones, así como el hecho de que la elección, viola el T-MEC y ello pudiera originar que en su revisión en 2026, Estados Unidos pudiera decidir, darlo por terminado o endurecer su posición afectando los intereses de México, parecerían suficientes para dar marcha atrás a las elecciones.
El abstenerse de ir a votar el 1 de junio, facilitará las cosas para que el oficialismo, ante la falta de vigilancia en las casillas y en el recuento de los consejos distritales, pueda manipular los resultados y finalmente inflar las cifras para que salgan como ganadores, los candidatos que a ellos les conviene y que estarán bajo su control; considerando que aunque exista un nivel de baja participación, al final el resultados será validado por el INE y no habrá poder humano que pueda revertir o modificarlos.
Mi invitación es que se acuda a votar, analice la trayectoria de los candidatos y si no tiene el tiempo para ello, vote por los candidatos del Poder Judicial, que decidieron entrar al proceso; al menos ellos si tienen carrera judicial y actuarán en forma independiente, realmente en beneficio de los ciudadanos, alejada de los intereses políticos.
Pero además, conviértase en un observador electoral, y denuncie las anomalías que detecte el día de la elección, después ya no tiene caso quejarse de los resultados, porque si usted se mantiene al margen del proceso, de nada servirá lamentarse de la calidad de los impartidores de justicia en el país.