El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, recibió un amparo que le permite recibir llamadas telefónicas y visitas personales mientras permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Su defensa alegó que las restricciones carcelarias violaban sus derechos humanos y dificultaban su defensa legal.
El juez resolvió que, aunque se justifica un régimen estricto por tratarse de un centro federal, el aislamiento total resultaba excesivo en el caso de un procesado aún sin sentencia. El beneficio, otorgado bajo supervisión y control, llega apenas semanas después de que Marín fuera devuelto al penal tras haber gozado brevemente de prisión domiciliaria, medida que fue revocada en abril de 2025 por falta de sustento legal y por ignorar el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
Marín enfrenta un juicio por la detención arbitraria y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, luego de que esta publicara el libro “Los demonios del edén”, donde denunciaba redes de explotación sexual infantil ligadas a empresarios como Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. Cacho fue arrestada en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, donde sufrió amenazas y maltrato. Más tarde se filtró una conversación entre Marín y Nacif en la que el entonces gobernador prometía proteger al empresario y se burlaba de la agresión a la periodista, lo que le valió el mote de “El Góber precioso”.
Aunque la Suprema Corte reconoció en 2007 que hubo violaciones graves a los derechos humanos, el caso permaneció inactivo por más de una década. Fue hasta 2021 que Marín fue capturado en Acapulco por la Fiscalía General de la República. Desde entonces, ha estado bajo prisión preventiva, primero en el Altiplano, luego brevemente en su domicilio y finalmente de nuevo en prisión. La reciente concesión del amparo ha generado críticas de organizaciones civiles y periodistas que denuncian trato preferencial. Lydia Cacho reaccionó afirmando que “el sistema judicial no puede seguir premiando a quienes usaron el poder para silenciar”.
El juicio contra Mario Marín sigue abierto. La decisión final marcará no solo su destino legal, sino también el compromiso del Estado mexicano con la justicia ante crímenes cometidos desde el poder.