La encomienda y el compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el expresidente López Obrador, desde que el segundo impulsó su candidatura a la presidencia, un año antes de las elecciones del pasado 2 de junio de 2024, fue la de ejecutar el denominado segundo piso de la cuarta transformación; la que hoy cada día se tambalea y encuentra en grave riesgo de no cumplirse, ante las circunstancias que enfrenta nuestro país, de diversa índole y que es necesario analizar, a fin de determinar, lo que le espera a la presidenta en los meses por venir.
Aún y cuando el oficialismo tiene el control absoluto del Poder Legislativo y de que sus iniciativas y reformas, difícilmente podrían ser bloqueadas o sujetas a modificaciones, lo ocurrido hasta ahora, nos demuestra que quienes controlan ambas cámaras, la de diputados con Ricardo Monreal y la de senadores con Adán Augusto López, han impuesto decisiones y cambios, desafiando a la presidenta, como por ejemplo la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH y la modificación a la entrada en vigencia de la reforma constitucional contra el nepotismo en los cargos públicos, para las elecciones de 2030, en un claro desacato a la iniciativa de la presidenta que la propuso para 2027, hecho que nunca hubiera ocurrido en el gobierno de AMLO, cuyas órdenes e iniciativas, no se les cambiaba ni una coma, para no despertar su ira.
A los hechos anteriores podemos sumar la división de la alianza de Morena y sus aliados PT y PVEM en la aprobación del dictamen de la Comisión instructora para el desafuero del exgobernador de Morelos y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco, para lo que debieron echar mano de los votos del PRI, para protegerlo, cubriéndolo de un manto de impunidad y sin importarles, lo que ello significaba para la imagen de la presidenta, quien declaró en su toma de protesta la frase: “Llegamos todas”, y que se vino abajo por la postura del oficialismo de apoyar a costa de todo la impunidad de su compañero de bancada.
A pesar de ello, la presidenta no ha perdido la calma y ha tratado de no llegar a una confrontación pública con Monreal y Adán Augusto López, lo que pudiera significar una fractura o división entre quienes le son leales y fieles, con aquellos que siguen venerando a AMLO y sienten que es su obligación dejar claro a la presidenta que necesita de ellos y que no basta su voluntad para la toma de decisiones, dejando el mensaje de que si las cosas se salen de control, pudieran usar su cargo para poner en jaque la figura y autoridad presidencial.
El escándalo que se dio a conocer a nivel nacional, por la millonaria campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez de Chihuahua, para lograr posicionarse para ser la candidata a la gubernatura, con el apoyo de Fernando Padilla, empresario beneficiado con contratos otorgados durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco y después con su sucesor Carlos Manuel Merino Campos, así como del exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que provocó reclamos de los partidos de oposición PRI y PAN en el Senado y una declaración de la presidenta en su conferencia mañanera del Pueblo, descalificando los actos adelantados de campaña de la senadora y el dispendio de recursos utilizados en las caravanas médicas en las poblaciones de la Sierra de Chihuahua, con la respuesta de la senadora de que “la presidenta no podía descalificarla, si ella también había hecho campaña adelantada a la presidencia de la República dos años antes”, declaración que representa un desafío a la investidura presidencial, lo que no importó a la senadora, que cuenta con el apoyo de Adán Augusto López.
Si revisamos la situación en los gobiernos de los 24 estados que maneja Morena, aún y cuando todos los gobernadores se han pronunciado por apoyar las políticas y decisiones de la presidenta firmando cuanto desplegado o manifiesto se ha requerido a nivel nacional para respaldarla; no dejan de existir divisiones y luchas por los compromisos que tienen varios de ellos tanto con Ricardo Monreal, como con el grupo de Adán Augusto López, a los que les deben haber sido postulados y después haber recibido los apoyos necesarios para alcanzar el triunfo en sus estados.
En cuanto a la situación, que se vive al interior de Morena, aún y cuando la “presidenta del partido”, Luisa María Alcaide, se ha pronunciado públicamente por respaldar las decisiones y políticas de la presidenta, sin confrontar las acciones de Monreal y Adán Augusto López; para la militancia del partido, es evidente que quién maneja en los hechos el partido es el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, con quien todos los presidentes de las dirigencias de los estados, se subordinan al considerar que siguen las directrices del expresidente, de quien suponen desea que su hijo sea impulsado para alcanzar la candidatura presidencial en 2030.
Las decisiones que ha tomado la presidenta para cumplir las exigencias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para detener la migración y la producción y tráfico de fentanilo; así como la cooperación para exterminar a los carteles del narcotráfico que ha declarado como grupos terroristas, a fin de evitar la aplicación de los aranceles a los productos mexicanos que se exportan al vecino del norte para lo cual ha modificado la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia, han significado romper con las políticas y actuación de las fuerzas de seguridad que se implementaron en el gobierno de AMLO: dejando además al descubierto la complicidad y contubernio que en seis años, existieron entre los capos de los cárteles con autoridades de los tres niveles y algunos empresarios; por lo que a la presidenta le es casi imposible defender al gobierno anterior, cuyos escándalos se dan a conocer semana tras semana, como en el caso del huachicol fiscal que ha afectado por más de 500 mil millones de pesos al país, de acuerdo a los últimos reportes y en el que se han visto involucrados funcionarios aduanales y de los gobiernos del norte del país.
Después de las elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia que se llevarán a cabo el 1 de junio, en todo el país y de cuyos resultados depende que el oficialismo tome el control absoluto del Poder Judicial Federal; que fue uno de los compromisos de la presidenta con AMLO, vendrá un momento decisivo para la presidenta, quien deberá decidir, entre seguir las directrices de AMLO y terminar con las acciones del segundo piso de la 4T, con las consecuencias subsecuentes, o bien, romper con él y asumir su papel como presidenta, por el bien del país, defendiendo los intereses de los ciudadanos y haciendo un lado, el populismo y presiones del expresidente y su cúpula, que siguen empecinados en anteponer sus intereses a los de la Nación.