Sin duda alguna el 4 de marzo será una fecha trascendental para el futuro de la economía de México y marcará la pauta de las relaciones bilaterales entre nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos en la administración de Donald Trump, precisamente porque ese día vence la prórroga que dicha administración otorgó al gobierno mexicano, para no imponer los aranceles a los productos que se exportan desde nuestro país a nuestro vecino del norte.
Pero las condiciones impuestas por el presidente Trump, fueron muy precisas: detener la ola de migrantes desde nuestro país de las caravanas que llegan desde los países de centro y Sudamérica a la frontera norteamericana; así como la entrada de fentanilo que introducen los carteles del narcotráfico que operan desde México.
Si bien es cierto la respuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al enviar de inmediato a diez mil elementos de la guardia nacional a la frontera norte para detener a los inmigrantes ilegales, así como las acciones y estrategia de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch, para la captura de los narcotraficantes que operan en el país, ha ido avanzando lentamente, como lo demuestra el hecho de que la guerra entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayitos en Sinaloa continúen, teniendo a los pobladores de Culiacán en un estado de sitio y con una situación desesperante ante la ola de balaceras y homicidios que todos los días ocurren en el estado; a lo que habría que agregar la violencia que sigue en otras entidades como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Tabasco y Michoacán, donde los cárteles se disputan el control de los territorios, ante la incapacidad de las autoridades locales y federales de frenar la ola de violencia que se vive por la población.
Por otro lado, si viene es cierto, ha habido incautaciones de cargamentos de fentanilo como el ocurrido el 4 de diciembre del año pasado de mil quinientos kilos de pastillas en el estado de Sinaloa y que es el más grande que se ha logrado en la historia del país; en lo que va del mes de febrero sólo se ha logrado incautar dieciocho kilos de dicha droga, lo que significa que, quizás las autoridades han logrado frenar la producción de las pastillas en los laboratorios clandestinos que se localizan en Sinaloa o bien que los cárteles han decidido trasladar los mismos a otros estados y creado nuevas rutas para seguir llevando la producción y venta a los Estados Unidos.
La situación ha obligado a las autoridades de los Estados Unidos a acelerar la declaración de nombrar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, como se dio a conocer en días pasados por el secretario de estado Marco Rubio en los que se incluyó a los cinco más importantes que tienen presencia en el país y que también se dedican al tráfico de personas, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
En la lista dada a conocer el pasado 30 de enero, además se incluyeron a otros cárteles como el Tren de Aragua de Venezuela, el Clan del Golfo de Colombia y la Mara Salvatrucha de origen salvadoreño.
Las acciones contra estos grupos se encaminan a su exterminio y a una intervención militar en México que podría traer como consecuencia, además sanciones a todas aquellas empresas u organizaciones vinculadas a dichos carteles ya sea facilitando el lavado de dinero o de empresas fantasma, lo que podría derivarse en la detención de los socios y accionistas que hayan consentido o facilitado apoyo a los grupos criminales.
Lo anterior, sin dejar de tomar en cuenta, las labores de espionaje y llegada de elementos de la DEA encubiertos en varios estados del país que mediante labores de inteligencia están recabando información a las autoridades de Estados Unidos, que a estas alturas les permite tener perfectamente ubicados a los narcotraficantes, sus centros de operaciones y el destino de las millonarias utilidades que les deja la venta y distribución de las drogas.
Otro de los elementos que seguramente preocupan a las autoridades mexicanas, es el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos del pasado 8 de febrero, en el que acusó:
“Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México.
El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses. Esta alianza pone en peligro la Seguridad nacional de Estados Unidos, y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos carteles”
Aunque la presidenta ha tratado de minimizar y revirar al gobierno norteamericano, acusándolos de que primero ellos deben combatir a los cárteles que operar en su país; la tensión ha aumentado por las acusaciones que también se han hecho sobre gobernadores de al menos cuatro estados del país, cuyas campañas contaron el financiamiento de los cárteles del narcotráfico.
Además el anuncio del presidente Trump de esta semana, donde ya impuso aranceles del 25% al acero y aluminio que se exportan de México y Canadá, demuestran que la decisión de presionar a ambos gobiernos con las condiciones y el plazo otorgados a ambos países que fenece el próximo cuatro de marzo, ponen en grave riesgo la economía de ambos países; en el caso de México la posibilidad de una recesión económica devastadora para el país, con la aplicación de los aranceles del 25% a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos, que seguramente será muy difícil detener, a menos que la presidenta decida entregar a los principales líderes de los carteles declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, evitando con ello se aplique dicha medida y salvar la economía del país.
Hoy su encrucijada es cumplir con las exigencias de Trump y salvar al país, dejando la tarea de capturar a los líderes de los grupos criminales a las autoridades de Estados Unidos o entregarlos como muestra de que no existen la alianza entre su gobierno con los cárteles del narcotráfico; lo que también puede originar una inestabilidad social al interior del país con un aumento mayor de la violencia e inseguridad.
En muy poco tiempo conoceremos cuál fue la decisión de nuestra presidenta.