El Colegio de la Frontera Norte (Colef) aseguró que seis de cada 10 mexicanos en Estados Unidos con una situación migratoria “no autorizada” son originarios principalmente de 10 estados de la República Mexicana: Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla. Además, advirtió que alrededor de 4.9 millones de paisanos con esta clasificación están en riesgo de ser deportados.
El doctor José Francisco Barraza, del Colef, señaló que, “de acuerdo con bases de datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos, creció el número de mexicanos en situación no autorizada. En este sentido, nuestras estimaciones arrojan que el número de mexicanos no autorizados y en posible riesgo de deportación desde Estados Unidos asciende a poco más de 4.9 millones de personas”.
Barraza destacó que los estados de México deben estar preparados con políticas que garanticen los derechos humanos y laborales para una calidad de vida para estos mexicanos que se podrían ver afectados en próximos días por las amenazas del presidente Donald Trump.
Asimismo, señaló que en un informe de esta asociación en el que participaron varios de sus colegas, se estimó que siete de cada 10 mexicanos ilegales en Estados Unidos tienen más de 10 años viviendo allá; su vida se ha hecho en aquel país, han formado hogares estadounidenses.
El abogado migratorio colaborador de medios latinos en ese país, Christopher Kerosky, señaló que “Estados Unidos nunca ha deportado a más de medio millón de inmigrantes en un año, y muchos de ellos fueron deportados cuando intentaban ingresar al país; eso es muy costoso para la nación que expulsa y quien recibe, en este caso México y Estados Unidos”.
Señaló que actualmente hay alrededor de 2.5 millones de personas en proceso de deportación y el procedimiento suele tardar entre cinco y siete años. Por lo anterior, dijo que, para repatriar cinco veces ese número, “el tamaño aproximado de nuestra población de inmigrantes indocumentados requeriría un aumento masivo y costoso en el número de jueces, tribunales y abogados del gobierno”.
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