Aunque muchos creen que fue el 5 de febrero de este año, cuando dio inicio la guerra entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación con el anuncio de las 18 reformas constitucionales y legales en el marco de la celebración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos evento celebrado en Palacio Nacional y con el cual se iniciaba la recta final de su mandato.
Los desencuentros y rencor del presidente hacia los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales, se remontan al momento en que no le fue posible ampliar dos años más el período en la presidencia del exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que se había convertido en un subordinado más de su gobierno y con quien había logrado diversos acuerdos para sacar adelante asuntos y reformas del interés del gobierno federal, pero la crisis se recrudeció cuando tampoco pudo lograr que llegara a la presidencia del máximo tribunal constitucional del país, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien tuvo que sortear los cuestionamientos y los procesos legales por el presunto plagio de su tesis de licenciatura y maestría, lo que afectó sus aspiraciones e hicieron posible la llegada de la actual presidenta Norma Lucía Piña Hernández quién desde el inicio de su gestión dejó claro que defendería la independencia judicial de la Corte.
Con estos “agravios” a la investidura del presidente, era previsible que viniera una venganza no sólo en contra de los ministros y ministras que no se alinearon a los intereses del gobierno, sino también contra todo el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los Estados, bajo los argumentos de combatir la corrupción, los privilegios, los altos salarios, el nepotismo, el hecho de estar del lado de los intereses de los conservadores y los intereses de los empresarios y además de que representaban un poder muy caro para el país y alejado del pueblo bueno y sabio.
Así después del 5 de febrero, las baterías del entonces presidente se enfocaron a denostar y atacar todos los días desde su conferencia mañanera a la Suprema Corte de Justicia, a su presidenta y a todo el Poder Judicial de la Federación, impulsando la reforma al artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se modificara su designación y fueran ahora electos en votaciones por los ciudadanos, echando al bote de la basura, la carrera judicial.
No fueron suficientes, los argumentos de los académicos, intelectuales, medios de comunicación, partidos de oposición, organismos internacionales quienes señalaron como en la obra Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la república, coordinada por Sergio López Ayllón (febrero 2024) y tres investigadores más del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que: “… las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalaron además que lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, que no necesariamente garantiza la imparcialidad y el mérito de las personas nombradas, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura.”
Pese a lo anterior y a la lucha que dieron los ministros y ministra de la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial de la Federación para evitar la aprobación de la reforma judicial, ésta fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión por el oficialismo y publicada el 15 de septiembre de este año por AMLO.
Así que ahora el Instituto Nacional Electoral se encuentra entrampado en sacar adelante una elección inédita en la historia electoral del país, como afirmó la consejera Dania Ravel ante delegados de las 32 juntas distritales: “Siempre teníamos un reto por afrontar, y cada vez parece que el reto va siendo mayor”. Aseguró que en procesos anteriores han enfrentado situaciones complejas, pero en esta ocasión todas se conjugan, además de la falta de cooperación del Congreso, pues no les amplió el plazo ni les entregó los recursos suficientes y el juego cruzado entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Y no le falta razón a la consejera Ravel, ya que ante la escandalosa reducción del presupuesto originalmente solicitado por el INE en 13 mil 205 millones para la elección judicial y que quedará en 6 mil 219 millones, lo que significa un recorte del 47 por ciento de lo inicialmente solicitado, ello tendrá un impacto significativo en la calidad de la elección en forma definitiva.
Debido al recorte el INE, prevé instalar sólo 73 mil 50 casillas, que representan un 43 por ciento de las 172 mil originalmente propuestas.
El recorte al presupuesto solicitado por el INE impactará en el número de capacitadores y supervisores electorales previstos.
El hecho de que se coloque ahora una sola urna que recibirá seis boletas, y no una como originalmente se había previsto por cada cargo en la elección de ministros, jueces y magistrados se convertirá en un problema no sólo para los funcionarios de casillas, sino también para los electores que deberán destinar más tiempo en la votación para poder ejercer su derecho en forma correcta.
Varios analistas y exfuncionarios del INE prevén que el porcentaje de participación en el proceso, no supere al 10 por ciento del padrón electoral y que el abstencionismo sea resultado de la falta de información y desconfianza que tiene el proceso desde ahora, debido a la confusión y desconocimiento de los ciudadanos, que saldrán a votar sin saber a ciencia cierta quiénes son los mejores candidatos y cuáles serán los beneficios reales que tendrán con la elección.
El principal problema que originará la baja participación de los ciudadanos y la calidad de la elección, será la falta de legitimidad de los funcionarios que resulten electos, ya que no tendrán el respaldo ciudadano suficiente para ejercer el cargo y no faltarán las impugnaciones de los resultados, lo que finalmente será en perjuicio de los ciudadanos y su derecho a una impartición de justicia por profesionales con experiencia y conocimientos para resolver los juicios que lleguen a sus manos; resultando peor el remedio que la enfermedad.