Después del caso de la “seudopsiquiatra” Marilyn Cote, la diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez, pidió cárcel de 2 a 6 años, para quien usurpe funciones.
En ese sentido, la legisladora presentó una reforma al Código Penal, con el propósito de sancionar a quien, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedida por autoridad u organismos legalmente capacitados para ello, ofrezca públicamente sus servicios como profesionista o se atribuya el carácter de profesional y ejerza actos propios de la profesión.
Desde Tribuna del Congreso del estado, la diputada explicó que la usurpación en campos como el de la salud o la impartición de justicia pueden resultar en consecuencias severas para la población. La presentación engañosa de una persona como profesional capacitado puede ocasionar daños irreparables a aquellos que confían en su supuesta experiencia. Por ello, es imperativo que la ley intervenga para salvaguardar a la población, asegurando que solo aquellos que cumplan con los requisitos de formación, títulos y licencias pertinentes puedan ejercer estas profesiones.
Por eso, refirió que en el estado de Puebla, es necesario actualizar y aplicar el artículo 258 del Código Penal de Puebla para sancionar adecuadamente a quienes se hagan pasar por profesionales sin la preparación adecuada.
En consecuencia, la presente iniciativa tiene como objetivos principales:
I. Incrementar las penas por el delito de usurpación de funciones o profesiones.
II. Establecer que cualquier persona que ofrezca públicamente sus servicios como profesional sin contar con el título o autorización correspondiente incurrirá en el delito de usurpación.
III. Obligar al Ministerio Público y a la Policía a investigar sin mayores requisitos aquellos casos donde se detecten acciones que amenacen la vida, seguridad o salud pública.
Regular adecuadamente este delito es una responsabilidad legislativa ineludible. Las propuestas buscan no solo sancionar conductas ilícitas, sino también prevenir situaciones que pongan en riesgo a nuestra población.
“Al fortalecer las leyes en este ámbito, promovemos una sociedad más segura donde los ciudadanos puedan confiar en los servicios profesionales recibidos y se respete el arduo trabajo de quienes cumplen con los requisitos necesarios para ejercer su profesión”, sostuvo Grace Palomares.