Uno de los elementos centrales del discurso del presidente López Obrador, en las campañas por la presidencia en 2012 y 2018 fue en contra de la militarización de la seguridad pública y en contra de la guerra contra los cárteles del narcotráfico, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, a quien desde la oposición lanzó fuertes críticas y cuestionó acusándolo de ser el culpable de iniciar una lucha, que sólo vino a aumentar la violencia en varios estados del país donde los carteles tenían el control del trasiego de las drogas y por ir quitando la responsabilidad de las tareas de seguridad pública a los gobiernos municipales y de los estados de la república.
En una de sus célebres declaraciones en 2010 señaló: “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad. No podemos aceptar un gobierno militarista… No apostar a una república militar, sino civilista”.
En 2012 declaró: “El ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo”, y agregó: “Tenemos que ir regresando al ejército (a los cuarteles) en la medida en que se va profesionalizando la policía”.
Varios de sus seguidores que ahora ocupan puestos en la dirigencia de Morena y en su gabinete, se unieron a dicho discurso manifestando su preocupación en el sentido de que dar las funciones de la seguridad pública a las fuerzas militares, originaria la violación a los derechos humanos de los mexicanos.
Pese a lo anterior y ya en la presidencia, López Obrador, lejos de regresar a los soldados a los cuarteles, decidió dar mayor presupuesto al Ejército y la Marina y convertir a los militares en una parte importante en la ejecución de sus proyectos insignia como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía y del aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, la remodelación del aeropuerto internacional de Chetumal, la construcción de tres tramos del Tren Maya, la reconstrucción de 32 agencias aduanales, la construcción de seis hoteles en zonas turísticas, de parques en Quintana Roo y Mérida, así como asignarles diversas tareas en áreas estratégicas del país, como las aduanas, puentes fronterizos y otras obras de infraestructura y empresas, en las que no se han transparentado los montos gastados, ni dado a conocer a los beneficiarios de los contratos o de las licitaciones si es que existieron.
De alguna manera para el presidente, el Ejército le ha sido más útil en este tipo de tareas, que en el combate a la inseguridad y la captura de los diferentes grupos delictivos que controlan diversas zonas del país.
Pero desde la presentación de las iniciativas de reformas constitucionales anunciadas por el presidente y que ya han sido aprobadas por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, se establece que la Guardia Nacional queda adscrita al Ejército consolidando así un estado de excepción permanente en el país, que de acuerdo a la opinión de organismos internacionales como Amnistía Internacional y del Alto Comisionado de Naciones Unidas, conducirá a un mayor número de violaciones a los derechos humanos en el país.
El texto de la reforma expone claramente la transformación del pensamiento de AMLO, de 2010 y 2012 en los que proclamaba que el país, no podía apostar por una república militar, sino civilista; pero ahora en 2024, una de las razones fundamentales de la iniciativa, son las fallas institucionales de los policías como cuerpos de seguridad pública, sin embargo y a partir de que en el gobierno de Felipe Calderón se dio a los militares tareas de seguridad pública para combatir la criminalidad, con lo que las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos aumentaron, ya que los militares carecen de una formación especializada en seguridad y prevención de la criminalidad.
Si analizamos las estadísticas en el aumento de los índices de la criminalidad en el país de 2006 a la fecha con el Ejército en funciones de seguridad, estos años con año han aumentado en los tres últimos sexenios, siendo este de 2018 a 2024 que culmina el 30 de septiembre el más alto con un número de casi doscientos mil homicidios dolosos.
Prácticamente la iniciativa presidencial culpa a la administración de Felipe Calderón del fracaso en el combate a la inseguridad y la delincuencia, por la complicidad que se dio entre las corporaciones policiacas con los cárteles del narcotráfico, siendo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, el ejemplo más contundente de esta situación y los casos se multiplicaron a nivel federal y en los estados, sin que se haya echado a andar una estrategia del actual gobierno para investigar y meter a la cárcel a los implicados.
La iniciativa del presidente empodera aún más al Ejército con el control de la Guardia Nacional con más elementos y un presupuesto anual que de acuerdo a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad podría ascender a más de 400 mil millones de pesos, además del manejo de otras áreas estratégicas del gobierno.
De nada sirvieron los argumentos esgrimidos por la oposición en la Cámara de Diputados y de las organizaciones nacionales e internacionales, para frenar su aprobación y aunque en el discurso de los legisladores de Morena se ha dicho que la adscripción de la Guardia Nacional al Ejército, no significa que lleguemos a la militarización del país y de que se respetarán los derechos humanos de los ciudadanos; nada garantiza que esto no ocurrirá y que el número de víctimas colaterales en los operativos que se realicen para combatir a los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles, eleven la suma de homicidios de personas que podrían quedar en medio del fuego cruzado o perder la vida, por estar en el lugar equivocado, sin que exista poder humano que pueda evitarlo y mucho menos que los responsables sean juzgados y se les apliquen las penas que correspondan.
Seguramente el Senado no tendrá ningún problema para aprobar la reforma constitucional en esta materia y antes de que entre en funciones la nueva presidenta el 1 de octubre, tendrá a su favor el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación y al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional como su brazo armado para combatir la delincuencia al costo de vidas que sea necesario pagar, en aras de terminar con la violencia e inseguridad en el país.