Si bien el 70 por ciento de la superficie del planeta es agua, sólo 2.5 por ciento es dulce o de baja salinidad (el resto es salada), fundamental para la supervivencia de los organismos vivos. De ésta, cerca de dos tercios están congeladas y en la humedad del suelo, el 30.3 por ciento en los acuíferos o ríos subterráneos, y poco menos del 0.3 por ciento en la superficie, en lagos, arroyos, ríos y humedales. De aquí la importancia de proteger estas aguas subterráneas.
Lo anterior durante la conferencia Perspectivas Globales sobre la Pérdida y Recuperación de Aguas Subterráneas: Una Aproximación Comparativa desde Puebla, impartida por el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa, director del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, del IPN, organizada por la Coordinación de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable de la BUAP.
Al respecto, hizo referencia a estudios científicos a nivel mundial en los que se alerta sobre el gran declive de la reserva de agua subterránea, pues hay una disminución generalizada en los acuíferos, lo que resulta en la intrusión de agua de mar, hundimiento de la tierra, agotamiento de los caudales y pozos secos.
Para el caso de México, señaló que el volumen concesionado de agua subterránea, de extracción mediante pozos, el sector agrícola representa el 76 por ciento (CONAGUA 2018) y el resto es para el abastecimiento público, seguido de la industria y la energía eléctrica (no incluye hidroeléctricas). Es decir, el mayor volumen de agua que se extrae se utiliza para regar.
El especialista agregó que lo alarmante es que “estamos sacando más agua de los acuíferos de lo que estamos recargando o regresando a los mismos, agotándonos el recurso y además creando conos de depresión o abatimiento”.
Rodríguez Espinosa concluyó que la cantidad de agua subterránea en el mundo se está agotando y su calidad deteriorando. Al reconocer que la gestión sostenible de los recursos hídricos atraviesa una situación difícil, resaltó el valor de las investigaciones en la materia, pues la información científica puede dictar nuevas políticas públicas para la explotación de los recursos hídricos subterráneos.