Las y los servidores públicos del gobierno de Izúcar de Matamoros que fueron señalados de violentar, torturar y amenazar a las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López evadieron su primera cita con la justicia.
Ello al no presentarse este lunes a la audiencia a la que fueron citados por un juez de justicia oral, en el marco de la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con lo expresado por Gaudencio Ruiz, abogado de las periodistas, las y los imputados alegaron un error técnico de procedimiento, algo que desmintió tajantemente, llamándolos cobardes.
“Tratan de evadir su responsabilidad, no la enfrentan, son cobardes”, sentenció.
Sostuvo que la obligación de los servidores públicos es acudir a las audiencias en las que están involucrados, sobre todo si están seguros de su inocencia.
El jurista adelantó que si continúa la omisión o desacato de los imputados respecto a las audiencias a las que están convocados, podrían iniciar una nueva carpeta de investigación contra ellos por no obedecer o ajustarse a lo que establece la Carta Magna.
Recordó que una de las máximas principales del nuevo modelo de justicia mexicano es que haya una justicia pronta y expedita, algo que todavía no ocurre en el caso referido.
Han pasado más de 11 meses desde que las periodistas de Izúcar de Matamoros fueron incomunicadas ilegalmente tras cubrir una manifestación feminista.
El caso se judicializó a raíz de la intervención de autoridades federales, pues en el estado de Puebla y en el municipio de Izúcar de Matamoros no hubo ningún avance al respecto, a pesar de las distintas denuncias interpuestas por las víctimas en diferentes oficinas locales.
Michelle y Natalie Hoyos López fueron examinadas con base en el Protocolo de Estambul, acreditándose que tuvieron afectaciones emocionales causadas por las torturas a las que fueron sometidas.
Aunque en su momento la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, aseguró que ya había cesado a los elementos policiacos involucrados en las agresiones, ello no ha sido comprobado fehacientemente.
La edil emanada del partido Morena alegó en su momento que el incidente formaba parte de una persecución política ordenada por su antecesor Melitón Lozano Pérez.
Al ser abordada un par de ocasiones por este periodista, evitó responder sobre el curso de las investigaciones bajo el pretexto de que es una de las imputadas y que, por tanto, no puede dar ninguna declaración.