Fiel a su estilo de gobernar y como un gran manipulador de masas, el presidente López Obrador, ante la ola de críticas y ataques de los medios de comunicación que no se han sujetado al cien por ciento a seguir las líneas de su gobierno, que han optado por convertirse en críticos de sus políticas y que aprovecharon la ola de descontento y protestas por los daños ocasionados por el huracán Otis en el puerto de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez, el pasado 25 de octubre, que afectaron no sólo a las grandes cadenas hoteleras, propietarios de residencias de las mejores zonas del puerto, comercios y los servicios básicos a la población como luz, drenaje, agua potable, telefonía e internet; dejando en el desamparo a los pobladores de las colonias de la periferia, asentados en zonas de pobreza y pobreza extrema y que además originaron la duda en todo el país; sobre si hubo o no negligencia de Protección Civil federal y del Presidente, al no avisar oportunamente a la población de la magnitud del huracán, para tratar de ponerse a salvo y evitar las más de 58 muertes y 48 desapariciones que hasta hoy oficialmente se tienen cuantificadas.
Era urgente para el Presidente desviar la atención de la opinión pública y de los ciudadanos que no comulgan con su gobierno, buscando una serie de distractores con otros temas, que pudieran incidir en su objetivo de buscar culpables de los grandes males que aquejan al país y que han impedido a su gobierno ejecutar plenamente los objetivos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.
Así que en las conferencias mañaneras de la semana que concluye, continúo con sus ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación, en su lucha por apoderarse de los 13 fideicomisos que están bajo el control de dicho poder, sin importar afectar con ello a miles de trabajadores de base que perderán derechos adquiridos y beneficios laborales para sus pensiones y jubilaciones; centrando sus argumentos ante la opinión pública en que dichos fideicomisos se utilizan para preservar los privilegios y abusos de los Ministros de la Corte, magistrados y jueces federales e instando a la Cámara de Diputados a aprobar su desaparición, a fin de que los recursos se pasen a la Secretaría de Hacienda para ser utilizados en los programas prioritarios de su programa de gobierno y en los grandes proyectos del Presidente.
Bajo estas condiciones, el Presidente aprovechó para insistir en su propuesta de lograr una reforma constitucional, a fin de que los ministros y jueces sean electos mediante el voto de los ciudadanos a fin de democratizar su llegada a los cargos; lo anterior forma parte de su denominado Plan C para apoderarse del control del máximo tribunal del país.
Al respecto el jurista mexicano Diego Valadés, escribió en su columna en el diario Reforma del pasado 5 de noviembre: “Los próximos comicios pueden llevarnos a la radicalización de una presidencia absolutista. Un partido solicita la mayoría congresual calificada para ejercer así el dominio completo de la Constitución, del Congreso, de los estados y de la justicia. Se pretende el poder total y la primera víctima será el tribunal constitucional… La Corte es sólo un asunto propagandístico y un distractor para relevar al gobierno de sus fracasos”.
Los ataques al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los grandes enemigos de los ciudadanos y causantes de frenar las políticas y reformas legislativas impulsadas por el Presidente y su partido, seguramente continuarán, a pesar de que la presidenta del máximo tribunal del país, declaró estar dispuesta a analizar ceder los recursos de los fideicomisos para la reconstrucción del puerto de Acapulco y cubrir los daños ocasionados por el huracán Otis. Dicha postura no podrá concretarse dado que hasta este momento se encuentran pendientes de resolver tres amparos y una acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de cincuenta senadores del bloque opositor en contra de su desaparición de los fideicomisos, por lo qué habrá que esperar a que resuelvan para poder tomar una decisión sobre el destino de los recursos de dichos fideicomisos del Poder Judicial aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Pese al anuncio del plan de reconstrucción de Acapulco anunciado por el Presidente, la inconformidad y críticas a su forma de actuar para afrontar la tragedia que vive la población, así como la recuperación de la zona devastada, no disminuyeron, no sólo a nivel nacional, sino internacional, por lo que era urgente meter otro tema a la atención de la opinión pública.
Así el pasado 7 de noviembre el ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo período como ministro concluía a mediados de 2024, en forma sorpresiva presentó al presidente López Obrador su renuncia al cargo y anunció que se uniría a los esfuerzos de Claudia Sheinbaum, futura candidata de Morena y aliados para suceder al presidente López Obrador en 2024.
La renuncia presentada por Zaldívar, conforme al párrafo tercero del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente procederán por causas graves; serán sometida al Ejecutivo y, si éste la acepta, la enviará para su aprobación al Senado. A pesar de lo establecido en la Constitución y de que en ningún momento el ministro Zaldívar señala cual es la causa grave que lo orilló a renunciar, el Presidente la aceptó de inmediato, sin esperar a la aprobación del Senado y anunció que ya prepara una terna de candidatas mujeres para que una de ellas ocupe la vacante que deja el exministro.
Aunque Zaldívar no podrá acceder a ningún cargo público en los próximos dos años, se tiene previsto que se convierta en el principal asesor y artífice de la Cuarta Transformación para impulsar una reforma constitucional que logre desaparecer la actual conformación de la Corte y modificar la forma de elección de los ministros, magistrados y jueces federales; lo anterior confirmaría su total compromiso con el Presidente y el sentido de sus resoluciones y votos en las sesiones de salas y plenos, a favor de los asuntos de interés del actual gobierno, ¿a cambio de qué? El exministro tomó esta decisión: si comparte la propuesta de AMLO de “democratizar mediante elecciones la designación de quienes hasta el 6 de noviembre pasado eran sus pares”, ¿por qué no la impulsó en la reforma al Poder Judicial que promovió cuando presidió el máximo tribunal del país?
Resulta evidente que Zaldívar, se convirtió en el judas del máximo tribunal del país al vender su conciencia y dignidad como jurista al Presidente, a cambio de obtener un nuevo cargo en la siguiente administración.