Al ser cuestionado sobre el comunicado de Rosario Orozco Caballero, expresidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, quien rechazó tajantemente los señalamientos de que hubo un hoyo financiero de 722 millones de pesos en la gestión de su esposo, Miguel Barbosa Huerta, el gobernador Sergio Salomón Céspedes aclaró que no está acusando a nadie de haberse robado el monto en cuestión.
Subrayó que es respetuoso de todas las opiniones vertidas en relación al asunto y precisó que la administración bajo su cargo no tiene como propósito formular juicios anticipados.
Señaló que la Secretaría de Planeación y Finanzas no tuvo claro la nueva normativa de dictar una carga tributaria sobre las despensas de los trabajadores estatales, lo que generó una omisión respecto a ello.
“Quiero ser muy preciso para que no se malinterprete: en el caso de crédito fiscal que se dio a conocer acá, exclusivamente por 722 millones de pesos, puedo precisar que es una obligación que se desprende de cinco auditorías practicadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el periodo 2020 al 2022, de las que se determina el concepto despensa a servidores públicos que pasa a ser un ingreso gravado”, acotó.
Sin mencionar directamente a Orozco Caballero, remarcó que no hay una persecución contra exfuncionarios de su antecesor (Barbosa Huerta) y aseguró que su gobierno tiene la finalidad de aclarar todos los créditos fiscales pendientes para que haya la mayor transparencia posible.
“No estoy diciendo que se lo robaron, que quede claro, estoy diciendo que se dejó de aplicar ese recurso como un pago de impuestos; para poderlo tener con mucha claridad de cuentas, nosotros somos muy claros, somos transparentes, lo decimos con sustento y ya cada quien podrá poner o hacer sus propios análisis, fijar sus propias posturas”, expresó.