Colectivas se manifestaron afuera de la Casa de Justicia Penal, luego que A Ricardo N, señalado como el primer hombre vinculado por el delito de violencia vicaria en Latinoamérica, le fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva justificada por arresto domiciliario.
📣 “Jueza de Control Alejandra Román Pérez, traidora de las mujeres y las infancias”.
— CAPITAL (@CapitalPueblaMx) October 31, 2025
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Durante la protesta acusaron una grave contradicción de la juez: primero determinó que las víctimas no se encontraban en riesgo y, con ese argumento, cesó la prisión preventiva justificada del imputado; sin embargo, momentos después reconoció que sí existía un peligro, cuando ya había modificado la medida cautelar.
“Esta decisión incongruente e irresponsable deja a las víctimas en un estado de total vulnerabilidad”, lamentaron.
A ello se suma la actuación de la representante de la Fiscalía, la Ministerio Público Maricela Domínguez Hernández, quien no acudió preparada a la audiencia, lo que se tradujo en una falta de argumentos sólidos, abonando directamente a esta resolución injusta.
La jueza decidió modificar la medida de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, argumentando que el imputado no cuenta con recursos para pagar una pulsera electrónica. Determinó que elementos policiales lo vigilarían las 24 horas del día, los siete días de la semana. ¿Existe realmente el personal suficiente para realizar dicha vigilancia? ¿Quién garantiza que las víctimas: Andrea y su hijo estarán verdaderamente protegidos?
Además, el imputado residirá con sus padres, las mismas personas que en su momento aseguraron desconocer el paradero de él y del menor, cuando se lo llevó durante seis años. ¿Cómo puede considerarse eso una medida segura? ¿Qué garantía existe de que esta vez sí se respetarán las órdenes y se protegerá la vida de las víctimas?
“Esta resolución judicial es una afrenta directa a las mujeres, a las infancias y a la lucha contra la violencia vicaria. Puebla es un referente nacional e internacional por haber logrado la primera vinculación a proceso por violencia vicaria, sin embargo, decisiones como la de la jueza Alejandra Román Pérez representan un retroceso profundo en materia de justicia y derechos humanos”, expusieron.
Anta tal panorama, exigieron que se implementen de in mediato medidas efectivas para resguardar la integridad física y emocional de la víctima y su hijo.
Además, que se investiguen las actuaciones de la jueza Alejandra Román Pérez y de la Ministerio Público Maricela Domínguez Hernández, por su falta de preparación y omisiones en el cumplimiento de su deber.
Y que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violencia vicaria, y que se cumplan las obligaciones del Estado de proteger a las infancias y a las mujeres frente a sus agresores.