La decisión de “El Mayo” Zambada de declararse culpable de los delitos de los que se le acusó por el gobierno de los Estados Unidos, la semana pasada ante el juez en una Corte de Nueva York a fin de evitar la pena de muerte, que cambió por la de cadena perpetua, negociando con las autoridades del vecino del norte, información sobre sus actividades delictivas, así como su declaración al señalar que desde que inicio su carrera delictiva, sobornó a personajes de la vida política, altos mandos militares, gobernantes y autoridades policiacas, han puesto a temblar a exfuncionarios de administraciones pasadas.
Funcionarios desde la época del presidente Luis Echeverría Álvarez, pasando por los que le sucedieron José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León del PRI, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón del PAN, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador de Morena.
Aunque se ha declarado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que cualquier acusación o señalamiento de El Mayo o de cualquier otro capo, para que procedan, debe existir una denuncia y presentarse las pruebas para acreditar la culpabilidad de los acusados, resulta evidente que dependiendo de los delitos que se les imputen, el tiempo transcurrido desde su supuesta comisión y de la gravedad de los mismos, son elementos que deben ser considerados para que se cumpla lo que señala la presidenta.
De ahí que posiblemente, en el caso de los exfuncionarios, que aún sobrevivan y que hayan ocupado cargos hasta principios de los ochenta, pueden salir bien librados ante la justicia mexicana, pero no ante la justicia de los Estados Unidos, que no dejará de investigarlos y perseguirlos si considera que tienen cuentas pendientes ante la justicia de dicho país, como en el caso del exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, acusado de haber ordenado el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, conocido como Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985.
La cacería de la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, en contra de los grupos criminales y cárteles, continuará y ahora con la información que les proporcione El Mayo Zambada, involucrará a miembros de la clase política de los partidos que han gobernado a México tanto del período neoliberal, como también del sexenio anterior, por lo que es previsible que en los próximos meses sean enviados o extraditados a los Estados Unidos personajes de la vida política del país, del PRI, PAN, PRD y de MORENA, dependiendo de la información y declaraciones que para las autoridades y cortes de Estados Unidos sean elementos suficientes para requerir su envío a territorio estadounidense para ser juzgados.
El papel que debería estar juzgando la Fiscalía General de la República con el apoyo del ejército, la Marina y la Guardia Nacional es el de investigar a fondo a aquellos de quienes tiene elementos suficientes para abrir carpetas de investigación por la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico y trasiego de drogas, lavado de dinero y protección a los grupos de la delincuencia organizada, sin importar colores o partidos, antes de que sean las autoridades de Estados Unidos, quienes sin tomar en cuenta a la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, exhiba a nivel internacional, la incapacidad del gobierno mexicano para combatir a los carteles y garantizar la seguridad a los ciudadanos.
Aunque las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su secretario de Seguridad Omar García Harfuch, han dado resultados y se ven avances en las detenciones de criminales, decomisos de droga y destrucción de laboratorios clandestinos en diversos estados del país, es de tal magnitud el tamaño y control de los cárteles de municipios, estados y zonas, que la lucha para exterminarlos llevará al menos cinco años, porque desafortunadamente funcionarios que estuvieron en la administración anterior y sobre quienes pesan acusaciones de que estuvieron involucrados con los cárteles, continúan en el gobierno ahora en otras posiciones incluso superiores, situación que frena el trabajo de inteligencia y combate a la delincuencia, desde el aparato de estado.
Aunque se cuestiona, el valor de lo que pueda declarar y aportar de información, un narcotraficante como El MayoZambada a las autoridades de Estados Unidos, por ser un criminal, no olvidemos que el dicho de otros narcotraficantes que como testigos protegidos declararon en el juicio contra el ex secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, fueron suficientes para declararlo culpable y sentenciarlo a cadena perpetua, por lo que se prevé que se aplique el mismo criterio para someter a juicio a aquellos militares, políticos, gobernantes y policías que Zambada declare haber sobornado para que le permitieran llevar a cabo sus actividades delictivas, sin esperar a que haya una denuncia, se presenten más pruebas y la fiscalía mexicana integre una carpeta de investigación.
El pago de los quince mil millones de dólares que debe hacer El Mayo Zambada a Estados Unidos como parte del acuerdo donde se declaró culpable de los delitos de los que fue acusado y la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que parte de ese dinero debe ser entregado a México, obliga a preguntarnos: ¿Qué hubiera pasado si las autoridades mexicanas hubieran detenido y procesado a Zambada y se le hubiera impuesto una condena donde se le obligara a pagar dicha suma? ¿Dónde tiene ese dinero o bienes por ese valor Zambada? ¿Cuáles son las empresas de su propiedad o de sus prestanombres que la UIF ni el SAT han podido detectar y siguen operando?, ¿Cuántas carpetas tiene integradas la Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados contra Zambada? ¿Cuántas órdenes de aprehensión, tiene dictadas en su contra, no ejecutadas? Las respuestas las tienen las autoridades federales y sería interesante nos dieran una explicación al respecto.
La próxima visita a México del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con la encomienda de ejecutar acciones para combatir a los cárteles que continúan operando en nuestro país, donde seguramente insistirá a la presidenta Claudia Sheinbaum de aceptar la ayuda de las agencias norteamericanas para exterminar a los carteles, coloca a la presidenta en la disyuntiva de por un lado aceptar la ayuda y no solo la “cooperación” que se ha venido dando, o por otro lado negarse a aceptarla haciendo valer la soberanía de México, lo que podría representar en una mala señal para Estados Unidos, que podría interpretarlo como una forma de permitir que los cárteles sigan con sus actividades delictivas introduciendo drogas a territorio norteamericano.