A Ricardo N, señalado como el primer hombre vinculado por el delito de violencia vicaria en Latinoamérica, le fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva justificada por arresto domiciliario.
Así lo determinó la jueza de control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Alejandra Román Pérez.
Ante ello, colectivos como Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria y la Colectiva Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai) calificaron la resolución como un retroceso preocupante en la lucha contra esta forma de violencia.
Calificaron esa decisión como una falta de sensibilidad y perspectiva de género e infancias por parte del Poder Judicial.
“Con esta decisión se priorizan los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de las víctimas: una madre y su hijo menor”, manifestaron.
Al respecto, Andrea Lezama, reconocida por su activismo en favor del reconocimiento legal de la violencia vicaria, expresó su preocupación ante la liberación de su agresor.
“Me siento profundamente indignada, dolida y con mucho miedo… La decisión de la Jueza me quebró, porque después de tantos años de luchar, de tocar puertas, de pedir justicia, lo que recibo es una resolución que pone en peligro la vida de mi hijo y la mía”, manifestó.
Ricardo N fue acusado de sustraer a su hijo menor y separarlo de su madre, Andrea Lezama Bonilla, durante más de seis años. Pese a que la jueza reconoció en audiencia que existe un riesgo real de sustracción, decidió que el imputado enfrente su proceso desde el domicilio de sus padres, bajo vigilancia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin imponerle el uso de una pulsera electrónicas