La familia de José Alfredo Arango García, ex secretario de salud durante una parte del sexenio de Mario Marín Torres, busca recuperar 87 millones 798 mil 883 pesos con la complicidad del Juez Tercero de lo Penal de la capital, Lic. Alberto Zenteno Reyes.
El 10 de diciembre de 2015, la familia de Arango García se presentó en la Fiscalía General del Estado para denunciar haber sido víctima del delito de fraude genérico, lo que dio origen a la averiguación previa número 4545/2015/ORIEN, haciendo hincapié en el hecho número siete de su denuncia: depósitos a cuentas por la cantidad de $87,798,883.56 entre 2011 y 2012, lo cual acreditaron con comprobantes.
Llama la atención que durante esos años, los hijos y nuera del ex funcionario no contaban con un trabajo que les permitiera acumular esas cantidades de dinero; de igual forma, su ex esposa, Alma Delia Bustamante López, se dedicaba a las labores del hogar durante ese tiempo.
La averiguación previa fue consignada al Juez Penal bajo el número de proceso 17/2018-8 del índice del juzgado Tercero de lo Penal, cuyo titular es Zenteno Reyes; ahí, la defensa de los acusados por la familia Arango Bustamante solicitó -desde mayo de 2019-, que toda vez que los supuestos agraviados no habían acreditado la procedencia de los recursos económicos que supuestamente fueron entregados a los procesados, se girara un oficio a la oficina del Sistema de Administración Tributaria, a fin de que le remitiera copia certificada de sus respectivos expedientes para observar el estatus financiero, ya que presumen que el dinero utilizado por los hijos, esposa y nuera de Arango García, podría ser de procedencia ilícita.
Alberto Zenteno, extrañamente, se negó rotundamente a la petición, argumentando que no era su función investigar los delitos, sin embargo, pasó por alto que toda autoridad tiene la obligación de denunciar ante el Ministerio Público, la posible comisión de un delito si tiene conocimiento del mismo.
A finales de 2021, el Juez Tercero de lo Penal fijó como condición, para que los procesados obtengan su libertad, cubrir la cantidad de 34 millones de pesos como reparación del daño a los parientes del ex funcionario marinista, sin que éstos tengan que comprobar el origen del dinero.
Cabe señalar que de suceder lo anterior, ya no sería necesario que los denunciantes demuestren que los recursos no son de procedencia ilícita: si el dinero es sucio, quedaría lavado.
Resulta extraño el proceder del juez, dado que el secretario de Salud en el sexenio de Marín fue encarcelado en 2012 por enriquecimiento ilícito y sentenciado a 4 años de prisión, aunque logró salir con el pago de una multa y gracias a que se le decomisaron bienes por 79 millones 331 mil 567 pesos. La sentencia fue dictada por el Juez Octavo Penal en diciembre de 2013.
MILLONARIOS PROYECTOS CON LOS ARANGO
Documentos en poder de CAPITAL señalan que la relación comercial con los acusados y el hijo mayor del otrora director del ISSSTEP, inició desde 2007, desarrollando y concluyendo satisfactoriamente todos y cada uno de los mismos, como el Proyecto número 201, durante el mes de marzo de 2008, de la “Residencia Arango”en el Fraccionamiento Club de Golf La Vista, Country Club, en Puebla, Puebla.
En mayo del mismo año, los hoy querellados ejecutaron otro proyecto con número 01-JAL-AR-BU, denominado también “Residencia Arango”, el cual se ejecutó nuevamente en el Fraccionamiento Club de Golf La Vista.
TRANSFERENCIAS SOSPECHOSAS Y LA RUPTURA
Fuentes consultadas por CAPITAL señalan que al inicio del sexenio de Rafael Moreno Valle, Arango se puso en contacto con diferentes empresarios cercanos, para pedirles que le guardaran dinero por un tiempo, por si las autoridades congelaban sus cuentas ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.
La confianza hacia éstos, después de compartir negocios, ganancias, desayunos y comidas familiares, era absoluta.
Ya en San Miguel, se les solicitaba a los “amigos” de la familia en poder del dinero, que los recursos se depositaran a diversas cuentas para pagar la defensa, deudas y proyectos pendientes del marinista. De estos movimientos también hay comprobantes.
Para julio de 2011, según la denuncia en poder de este medio, el propio Arango García señala que los hoy acusados contactaron al mayor sus hijos para proponerle un ambicioso y lucrativo proyecto, el cual les dejaría cuantiosas y significativas ganancias: tres torres residenciales a un costado de la Recta a Cholula. Por lo que el mayor de los Arango no dudó en invitar a más inversionistas al proyecto: su esposa, mamá y hermanos.
El denunciante, en el documento judicial, indica que la reunión formal para conocer el proyecto de las Torres Celta, se llevó a cabo el 28 de octubre de 2011 a medio día en El Portón del Bulevar 5 de mayo, donde revisaron planos y características del desarrollo. El negocio consistía en que los hoy detenidos pondrían el terreno, ubicado en la Lateral de la Recta a Cholula 206, Col. Villas de las Américas, San Andrés Cholula, Puebla, y los Arango la inversión para la edificación y ejecución que era de aproximadamente 80 millones.
Las transferencias empezaron a caer el 31 de octubre de 2011: dos de $7,000,000 a dos cuentas de Scotiabank.
Las siguientes el 1 de noviembre: cuatro de $10,000,000 a las mismas cuentas.
Las posteriores en enero de 2012: una de $13,798,883.56 y otra de $20,000,000.00 a una cuenta de BBVA Bancomer, de la que los supuestos afectados no recuerdan el número.
La pregunta obligada: ¿de dónde salió esa cantidad brutal de dinero que hoy reclaman?
Casi un año después de que el ex secretario de Salud fue liberado, su hijo exigió el dinero, argumentando que no veían movimiento en las torres de departamentos.
Los hoy detenidos le indicaron que habían realizado los pagos que ellos mismos habían pedido, pero que ahora desconocían. Le mostraron los comprobantes de éstos, pero no les bastaron. Querían el dinero en las cuentas familiares.
De los pagos de los acusados, hay comprobantes. El problema empieza cuando reclaman que no fueron hechos a las cuentas de los acusadores, sino a las que indicó el ex director del ISSSTEP.
El artículo 403 del Código Penal del Estado establece a la letra: comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
¿Para quién aplica?
Este lunes 31 de octubre, a las 11 de la mañana, Alfredo Arango García está citado para que comparezca en las instalaciones del Juzgado Tercero Penal, para comparecer por el caso.
No llegará, como no han llegado sus hijos, nuera y ex esposa a todos los careos previos y en ese caso solo recibirá una multa de 30 días de salario mínimo vigente, que luce como nada a comparación de las millonarias inversiones que dice hacer con su familia.
Hasta la fecha, a los acusados por los Arango no se les ha acreditado que cometieron algún ilícito y no representan un riesgo para los agraviados y testigos, como insiste el Juez Alberto Zenteno Reyes.
Los marinistas están de vuelta y quieren su dinero de regreso.