Ordenaron demolerlas, pero hoy operan con total impunidad.
Y es que todo lo puede el dinero.
Pasan los presidentes municipales de la capital y las 26 bodegas ilegales en la segunda sección Central de Abasto se mantienen y algunas hasta se rentan.
Desde el 13 de septiembre de 2021, la dirección de Desarrollo Urbano Municipal impuso una suspensión de obra y clausura a las 26 bodegas por violaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por no presentar las licencias de uso de suelo y construcción.
Casi tres meses después, el 3 de diciembre, se realizó una orden de suspensión y clausura por quebrantamiento de sellos.
Dos días antes, el 1 de diciembre, comenzó lo grave y extraño: mediante el memorando SDUyS/DDU/000276/12/21, la dirección de Desarrollo Urbano determinó que la obra se encuentra dentro de un área verde y/o jardinera de la propiedad en régimen de condominio y no cuenta con las licencias necesarias, además de encontrarse dentro del derecho de vía de líneas de conducción de ductos de PEMEX, por lo que NO es factible de autorizar ni regularizar.
Para el 22 de diciembre, mediante el oficio S.D.U.S./DDU/460/21, la dirección de Desarrollo Urbano impuso como sanción la demolición a cargo del responsable de la obra y le otorga 5 días para la ejecución, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, la realizaría el Ayuntamiento de Puebla, con cargo al responsable.
Pues ni una ni otra.
Mediante oficio SGyDU/02760/2022, con fecha del 1 de agosto de 2022, el Director de Desarrollo Urbano solicitó al Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla, procediera a la demolición y retiro correspondientes.
Tampoco sucedió.
La administración panista de Eduardo Rivera se justificó porque se promovieron los juicios de amparo 84/2022, 1351/2022, 1499/2022 y 1707/2022, todos del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Los tres fueron resueltos quedando firme la orden de demolición.
¿Y luego?
La resolución era y es ejecutable, y no existe impedimento jurídico alguno para realizarla.
Según locatarios, es aquí donde aparece Gloria Méndez, la mujer que está detrás de esta ilegalidad. Ella es la responsable de la franja de bodegas de la segunda sección de la Central de Abasto que afecta el derecho de vía de ductos de PEMEX y el tránsito de uno de los principales accesos de la zona.
Ella es la que estaría repartiendo el cachete a funcionarios municipales para no demoler la obra que permitieron Lalo Rivera y Adán Domínguez, y que tolera la administración actual que ha mandado a Mauro Nava, subsecretario de Gobernación Municipal, a reunirse —¿y pactar?— con Gloria.
Aquí, un par de las visitas de funcionarios del Ayuntamiento a la Central para negociar.
