El inicio del sexenio de la primera presidenta en México, Claudia Sheinbaum, ha sido de los más difíciles, que han enfrentado otros presidentes, no sólo los del denominado período neoliberal, sino que también en el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador considerado como el primer mandatario de izquierda en llegar a tan alto cargo.
A pesar del estado en que dejó el país el priista Enrique Peña Nieto, AMLO tuvo un inicio tranquilo y prometedor en el que prevalecieron la esperanza de un cambio por el que votaron más de treinta millones de mexicanos y que le hizo posible ir consolidando una popularidad, nunca antes vista con un apoyo de la mayoría de los sectores de la población, no sólo de los más pobres, sino también de la clase media y los grupos empresariales que demandaban terminar con la violencia e inseguridad que se estaba dando en el país.
Las promesas del presidente de lograr disminuir la brecha existente entre los más pobres y una clase política empresarial que logró amasar grandes capitales al amparo y beneficios que le otorgaron los gobiernos anteriores, a través de grandes negocios y escándalos de corrupción, que hicieron que los electores votaran por una opción de izquierda, finalmente no lograron consolidarse, a pesar de los programas sociales y apoyos a grandes sectores de la población.
Es evidente, que la crisis de violencia e inseguridad que vive el país, se originó desde que gobernaban los presidentes del período neoliberal; sin embargo el aumento en los índices de homicidios violentos, desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, migración, trata de personas, guerras entre los carteles del narcotráfico, control de territorios y municipios, así como la infiltración de los grupos criminales en los procesos electorales y la colocación de autoridades en dichos unicipios, nos tienen ante un escenario desastroso, en el que a pesar del cambio de estrategia de la presidenta y del reforzamiento de las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ejercito, Marina Armada, Guardia Nacional y aún con el apoyo de inteligencia de los Estados Unidos, la violencia no cesa y los cárteles continúan sembrando la violencia e inseguridad en el país.
El debate que se da entre los mexicanos y las autoridades, a raíz de los descubrimientos y denuncias que hizo el Colectivo Guerreros de Jalisco en el rancho Izaguirre en la población de Teuchitlán Jalisco el pasado 5 de marzo, en voz de su fundadora Indira Navarro, quien acusó que se trataba de un campo de exterminio, donde perdieron la vida más de cincuenta personas y que al menos se encontraba operando desde hace diez años con la complicidad de las autoridades del municipio y del estado de Jalisco.
Lo anterior motivó, que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara la intervención del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en la llamada Conferencia del pueblo señaló que: “No es creíble que autoridades locales, no supieran del caso de Teuchitlán Jalisco”, y que llegarán al fondo de la investigación del rancho del terror.
La defensa del gobierno federal es responsabilizar al gobierno municipal de Juchitán y del Estado, de haber tolerado el uso del rancho por los grupos criminales, sin reconocer que en la última ocasión que las autoridades tomaron posesión del rancho, también participaron elementos de la Guardia Nacional, que junto con el fiscal del estado, fueron incapaces de encontrar las evidencias y pruebas que demuestran el uso que dieron a la propiedad los grupos criminales privando de la vida a personas que se encontraban en calidad de desaparecidas.
La postura de la presidencia y del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, es que el rancho Izaguirre fue utilizado como un centro de reclutamiento forzado de la delincuencia para capacitar a nuevos elementos a sus filas y repartirlos en diferentes partes del país, negando en todo momento, que existan evidencias de que en dicho lugar se hayan encontrado hornos crematorios o restos de personas asesinadas y calcinadas en dichos hornos.
Mientras la postura de los grupos de buscadores es que el rancho era un campo de exterminio donde se privó de la vida a más de sesenta personas desaparecidas cuyas pertenencias y zapatos fueron encontrados en el lugar, que fue posteriormente limpiado por las autoridades federales, para la visita de los medios de comunicación y visores que acudieron a invitación del fiscal general de la República, quien no se presentó en el rancho en la fecha de la visita.
Si revisamos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 define a los Crímenes de lesa humanidad, en el punto 1.-A los efectos del presente estatuto se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes, cuando se cometan por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y en los incisos siguientes enumera: a) asesinato; b) exterminio; f)tortura; i) desaparición forzada de personas.
Posteriormente en el punto 2, inciso i) define a la desaparición forzada de personas “se entenderá la aprehensión, detención, o el secuestro de personas por un estado o una organización política, o con su autorización o aquiescencia seguido de la negativa de admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlos fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
Confrontando las dos posturas, la oficialista del gobierno federal y la Fiscalía General de la República contra la de los grupos buscadores de desaparecidos como el Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, a la luz de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, usted podrá concluir ¿si en México como en el caso del Rancho Izaguirre se han cometido crímenes de lesa humanidad?
Los mexicanos merecemos conocer la verdad de lo acontecido y que las autoridades cumplan con su función constitucional de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.