El 15 de septiembre de 2024 pasará a la historia de México, como el día en que desapareció la república, tal como la habíamos conocido, desde el constituyente de 2017, con la división de poderes y un régimen democrático fundamentado en la voluntad soberana del pueblo, establecida en el artículo 39 de nuestra Carta Magna.
Señalo lo anterior, por que en esa fecha, el Presidente de la República ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto mediante el cual se aprueba la reforma al Poder Judicial de la Federación y se establece un mecanismo mediante el cual en 2025 se elegirán a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito y Jueces federales a través del voto de los ciudadanos y mediante una tómbola en la que se elegirán, no a los más aptos, sino a quienes buscarán los cargos, aún sin contar con la experiencia y carrera judicial, para llevar a cabo tan importante labor en la impartición de justicia.
Con la aprobación de la reforma, se elimina la independencia judicial porque quienes lleguen a ocupar los cargos mediante el procedimiento citado, estarán sujetos a la supervisión del Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco miembros que se elegirán bajo el mismo procedimiento y requisitos para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte, sin tomar en cuenta que sus facultades y responsabilidades son totalmente diferentes.
Pero vayamos al hecho de que este Tribunal de Disciplina Judicial, se encargará de investigar y sancionar a todos los funcionarios judiciales, iniciando, tramitando y resolviendo el procedimiento de responsabilidad administrativa; sin embargo se convertirán en un super poder que lejos de sólo un revisor de las actuaciones judiciales, sin duda alguna se convertirá en un tribunal inquisitorio cuya actuar será discrecional y gozará de total impunidad, debido a que la misma reforma, no establece quién vigilará a los vigilantes, lo que les dará un estatus superior sobre los demás integrantes del poder judicial.
Incluso no se fijaron la forma y términos en que dicho Tribunal determinará sus procedimientos de evaluación de los funcionarios del Poder Judicial, la legalidad de sus resoluciones y su publicidad y fundamentación, lo que traerá como consecuencia que los funcionarios judiciales queden en estado de indefensión, perdiendo no sólo su trabajo, sino también hasta su libertad en los casos en que exista una denuncia en su contra y se les abra una carpeta de investigación.
Mediante este entramado, quienes se atrevan a dictar una resolución o sentencia en contra de los intereses del gobierno federal o de los estatales, de inmediato será sujeto de la acción del Tribunal de Disciplina judicial.
Así las cosas, el Poder Judicial de la Federación, además de perder su independencia, quedará sujeto a las decisiones del Poder Ejecutivo y bajo la lupa del Poder Legislativo que estará presto a tramitar juicio político contra los funcionarios judiciales que dicten resoluciones en contra de los intereses del Estado.
El daño al sistema de división de poderes y la pérdida de contrapesos en el gobierno, en lo inmediato se reflejará en el atraso de todos los procedimientos y juicios que se tramitan ante los tribunales federales, que ante el paro actual, se siguen acumulando y difícilmente se resolverán en el corto o mediano plazo por la falta de personal y presupuesto que se verá seriamente recortado en el Presupuesto de Egresos 2025 y con la desaparición de los fideicomisos que el gobierno federal absorberá por medio de la Secretaría de Hacienda.
La salida de 300 magistrados de circuito que han solicitado su jubilación en días pasados y la renuncia masiva de jueces de distrito en los próximos días que no participarán en los procesos de elección en 2025, reflejan un panorama desastroso para la impartición de justicia del país, ya que al eliminar la carrera judicial y ante los bajos salarios que se asignarán muchos de ellos han decidido no continuar en el Poder Judicial.
Por todo ello, el control del Poder Judicial federal es un golpe mortal a nuestra república y no hay forma de revertir las consecuencias.
Más ahora que a unos días de que asuma Claudia Sheinbaum la Presidencia -quien había planteado la separación del gobierno del partido-, fue desmentida por el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien a través de la red X, señaló que: “La disidencia en la nación y en el partido es traición a la patria y nos corresponde defender a México, al pueblo y a Morena que en realidad son uno sólo”.