La diputada María Fernanda de la Barreda Angon, presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de imponer la pena de inhabilitación perpetua contra servidores públicos que dañen significativamente al erario, o ponga en riesgo la estabilidad económica y las finanzas públicas municipales o estatales.
Ante el Pleno del Congreso local, la legisladora explicó que el ejercicio de la función pública debe sustentarse en los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas, asegurando que los recursos públicos sean administrados en beneficio de la ciudadanía, sin comprometer el desarrollo futuro de las administraciones ni afectar la solvencia económica de las entidades gubernamentales.
Puso como ejemplo, los hechos recientes ocurridos en el Ayuntamiento de Puebla, bajo la gestión del expresidente municipal Adán Domínguez Sánchez, donde se evidenciaron conductas graves que comprometieron indebidamente los recursos públicos destinados a ejercicios fiscales subsecuentes, generando un impacto negativo en las finanzas públicas municipales y en la capacidad operativa de la nueva administración, lo que acaba afectado a la sociedad, pues no puede seguir recibiendo los servicios públicos con la regularidad necesaria por esa restricción o presión presupuestal generada con dolo, además de verse afectado en forma directa los derechos humanos que pueden estar asociados a la falta de recibir los servicios públicos.
Dijo que el compromiso indebido de recursos destinados a ejercicios fiscales futuros generó un déficit financiero de más de 680 millones de pesos, afectando directamente a la administración entrante y, por ende, a la ciudadanía.
Sentenció que este tipo de conductas, vulneran la estabilidad presupuestal y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, constituyendo un antecedente que no debe repetirse en el futuro.
La legisladora afirmó que la inhabilitación perpetua es una figura jurídica adoptada en diversos países y legislaciones estatales como una medida ejemplar para sancionar conductas dolosas que dañan gravemente el erario y afectan los principios de gobernanza responsable.
Dicha medida, lejos de ser desproporcionada, defendió que busca prevenir que funcionarios públicos reincidan en conductas contrarias al interés general y garantizar que quienes hayan causado daño al patrimonio público no puedan acceder nuevamente a posiciones de poder o responsabilidad.
La propuesta de reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla se fundamenta en los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso, estableciendo criterios claros y delimitados para aplicar la inhabilitación perpetua únicamente en casos graves, cuando exista dolo comprobado, daño patrimonial significativo y un perjuicio directo a la población y a la continuidad administrativa.
De la Barreda Angon aseguró que la iniciativa de establecer la inhabilitación perpetua como una sanción penal en casos de corrupción y afectaciones graves al erario en México no se contrapone al marco jurídico vigente, particularmente a lo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto se debe a que ambas vías —penal y administrativa— tienen objetos, características y consecuencias jurídicas distintas.