El exdiputado José Juan Espinosa, anunció que presentó denuncias ante el Órgano Interno de Control por acciones simuladas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en contra de la diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla y otros diputados.
Lo anterior, luego de que en la LX Legislatura en el Congreso del estado, se cobraron cheques a su nombre, cuando previamente había sido destituido de manera ilegal.
En rueda de prensa, indicó que las primeras denuncias son el primer paso para, posteriormente, poder acudir a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por haber entregado un dinero y luego declararlo, cosa que nunca pasó, incluso, el SAT cuando te llega tu reporte de los impuestos, ahí fue cuando detectamos que cobraron mi nómina y cheques que yo jamás recibí, por eso presentamos la denuncia”, reveló.
Recordó que, en ese periodo, los responsables del manejo de recursos, eran la presidenta de la junta de gobierno y coordinación política, Nora Merino, y la secretaria general del Poder Legislativo, Rosario Evangelista.
Presumió que no es un tema de dinero, incluso, se comprometió que, si el Congreso del estado agiliza la investigación, detecta dónde están esos recursos, quién los cobró y logra que se reembolse el monto, el dinero lo destinará al 100 por ciento para los damnificados de Otis en Guerrero.
“Ese dinero que me robaron, no estoy emprendiendo esta lucha para que me den lo que me corresponde, es una lucha de no permitir la corrupción, el desvío de recursos, simulación de operaciones y una serie de delitos que se hicieron desde el Congreso en la LX Legislatura”, manifestó.
Contra Vero Vélez
También José Juan Espinosa anunció que prepara una denuncia ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) contra Verónica Vélez Macuil, quien era directora de Comunicación Social de Miguel Barbosa, por daño moral y desvío de recursos con otros fines.
“Ya estamos trabajando una denuncia donde se menciona directamente la dirección de Comunicación social, porque se usaron recursos públicos, el inmueble Casa Aguayo, para difundir en canales de comunicación oficial, y Miguel Barbosa violentaba derechos humanos, al actuar como juez, fiscal y hacer afirmaciones en el terreno de la difamación moral y patrimonial”, desglosó.
Dijo que él no fue el único caso de atacarlo, sino también a los rectores de universidades públicas y privadas, así como otros legisladores.