En México, todos los días, miles de personas son blanco de un delito, desde robos y extorsiones hasta posibles secuestros, lesiones u homicidios.
Más de 70 mil actos ilícitos del fuero local y federal se cometen cada 24 horas, pero la probabilidad de que terminen ante un juez es inferior al uno por ciento.
La mayoría de los casos, aun cuando se denuncian, se atoran ante el Ministerio Público, pues, el que la víctima de un delito pueda llevar su caso ante un juez se vuelve casi una utopía.
De acuerdo con los censos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022, los mexicanos padecieron 26 millones 834 mil 278 delitos en total. Casi el 60% fueron algún tipo de robo y extorsiones.
Sin embargo, las agencias del Ministerio Público sólo recibieron la denuncia e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente por dos millones 164 mil 789 delitos. Esto significa que, 9 de cada 10 víctimas de un delito prefiere no denunciar.
De los casos denunciados, los datos muestran que el Ministerio Público sólo envió 228 mil 903 a las manos de un juez. Son los casos judicializados, esto es 11% de los casos denunciados y un ínfimo 0.8% del universo total de delitos cometidos.
Es decir, aun cuando la víctima se anime a denunciar un delito, sólo en uno de cada diez casos, el proceso llegará a las manos del Poder Judicial.
Y cuando llega ante un juez, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, si hay elementos suficientes, el juez ordenará la apertura del proceso y la investigación de los fiscales continuará por hasta seis meses o, en casos excepcionales, un tiempo superior a ello.
Hasta ese momento, una víctima, por cuenta propia o a través de sus abogados, tendrá contacto con el juez.
Cifras oficiales del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2023 muestran que de los procesos penales que se iniciaron o estaban en curso en 2022, más de la mitad, el 51.8%, alcanzaron a resolverse de alguna manera.
El 48% restante seguían abiertos porque estaban en fase de investigación complementaria o por algún recurso de impugnación o juicio de amparo.
En 2022, hubo 11 mil 120 procesos penales que llegaron hasta la fase de juicio oral, en los que en el 76.6% de los casos, la sentencia fue condenatoria para los procesados.