El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, y el secretario de Marina Raymundo Pérez Morales, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República en conferencia de prensa el pasado 7 de septiembre destaparon el escándalo de corrupción más cuantioso de México, con el denominado huachicol fiscal.
Cabe destacar la declaración del secretario García Harfuch reconociendo la labor del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, para tratar de deslindarlo de los delitos cometidos por los sobrinos del almirante Manuel Roberto Farias Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusados por la Fiscalía General de la República de formar parte de una red de lavado de dinero procedente de la venta ilegal de combustible importado.
Aunque en la rueda de prensa mencionada Omar García Harfuch mencionó que las investigaciones realizadas en forma conjunta por la fiscalía, la Marina, el Ejército y elementos de su secretaría dio los primeros resultados en el 19 de marzo del año en curso, en un operativo logrando la incautación de un buque con combustible en el Puerto de Tampico y en tres inspecciones más aseguraron diez millones de litros de diesel siendo la mayor incautación de combustible ilegal en la historia de México y de que las investigaciones de la red continuaron durante los meses siguientes, las detenciones y la información no se había dado a conocer del todo.
Es de llamar la atención, que fue precisamente cinco días después de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se entrevistó con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el 2 de septiembre, es cuando se dan a conocer públicamente los resultados del avance de las investigaciones y los nombres de los funcionarios implicados, así como de las empresas que participaron en la red para la venta ilegal de hidrocarburos evadiendo el pago de los impuestos respectivos y causando un daño patrimonial al Estado mexicano, que de acuerdo a una declaración de la Procuradora Fiscal podría superar los 600 mil millones de pesos.
En la red de funcionarios, personas y empresas que por años se dedicaron a este negocio, también se involucra a ciudadanos de Estados Unidos, pero también la activa participación del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se dedicó a sobornar a funcionarios y contó con la complicidad de los gobiernos de estados como Tamaulipas y Baja California, así como del personal de las aduanas para realizar sus operaciones.
Los nombres de gobernadores, legisladores del partido oficial, líderes y de los hijos del expresidente López Obrador, Andy y Gonzalo, han sido mencionados en varias de las carpetas de investigación, pero sobre todo los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, aparecen como los principales operadores de este entramado delictivo.
Se espera que el trabajo del Gabinete de Seguridad, junto con el SAT y la UIF logren en los próximos días, detener y someter a juicio a todos los implicados en el huachicol fiscal, pero sobre todo se recupere el dinero y propiedades producto de las ganancias obtenidas por los responsables, quienes seguramente ya lo enviaron a otros países, para evitar su embargo.
Uno de los aspectos, que también deben considerarse en las investigaciones, es el destino de gran parte de las ganancias obtenidas por quienes participaron en el huachicol fiscal, ya que en las primeras declaraciones de algunos de los detenidos, se ha mencionado que gran parte de dichos recursos, se destinaron a financiar campañas políticas de gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales desde 2018 y en las elecciones de 2021 y 2024, sin que ni las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales en los estados, ni la Unidad de Fiscalización del INE, se hayan dado por enterados del financiamiento ilegal de candidatos, que hoy gracias al apoyo que recibieron del CJNG ganaron las elecciones y hoy ocupan los cargos por los que contendieron, dejando a los ciudadanos a merced de la delincuencia.
En otros países, cuando se comprueba que un gobernante o legislador ganó el cargo con recursos y apoyo de los cárteles o de la delincuencia organizada, de manera inmediata, es separado de su cargo, sujeto a una investigación por la justicia del fuero común y de comprobarse su culpabilidad es sentenciado a una pena privativa de su libertad.
Pero en el caso de México, eso no lo veremos; primero porque las investigaciones pueden tardar varios años y aunque se tengan elementos de prueba, la detención de alguno de los acusados, dependerá si es militante del partido oficial primero; segundo si es conveniente protegerlo con un manto de impunidad, como ocurrió con el caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado por su media hermana de intento de violación y a quien la Cámara de Diputados decidió no quitarle el fuero, para que no tuviera que ser sometido a una investigación criminal por la Fiscalía del estado de Morelos.
Otro caso emblemático de cómo funciona el criterio de protección e impunidad para el oficialismo, es del senador Adán Augusto López, quién a pesar de las declaraciones de testigos y señalamientos en su contra que obran en las carpetas de investigación sobre el cartel de La Barredora en Tabasco fundado durante su gobierno y lidereado por su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien ya se encuentra detenido y sujeto a proceso, hasta el momento el Senador, se ha negado a pedir licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones y deslindar su responsabilidad, por lo que continúa al frente de la bancada morenista en la cámara alta, sin ninguna preocupación, pensando que podrá seguir en su posición hasta 2030, con el apoyo del aparato de Estado pero sobre todo de su “hermano” el expresidente AMLO.