Será el próximo viernes cuando autoridades judiciales definan la situación legal de Claudia Rivera Vivanco, que actualmente enfrenta una denuncia por discriminación y violencia política de género.
De acuerdo con Yasmín Flores Hernández, demandante y exconsejera jurídica del gobierno de la ciudad, la defensa de la política de izquierda pidió una ampliación de término de 144 horas.
Ello en la audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia ubicado sobre la 11 sur, en la colonia Ex-Hacienda de Castillotla.
“Esperarnos a ver qué pasa con la situación jurídica para el día viernes, que ya se tendría que cerrar la audiencia inicial”, expresó.
Flores Hernández explicó que esta semana será ocupada por el juez encargado del caso para analizar los alegatos y pruebas que se presentaron este día.
La exconsejera jurídica también mencionó que Rivera Vivanco tiene tres medidas cautelares en su contra, que son una garantía de 15 mil pesos, no acercarse a ella por ningún medio (teléfono, redes sociales, etcétera) y no salir del país.
Añadió que la exalcaldesa pidió que la cita del próximo viernes se lleve a cabo vía zoom, bajo el presunto argumento de que no quiere ser acosada por los representantes de la prensa.
Acerca de porqué ya no incluyó a en su denuncia al exsecretario de Gobernación municipal, René Sánchez Galindo, a quien alguna vez acusó de mandarla a vigilar con vehículos del Ayuntamiento, Flores Hernández aclaró que obedece a que Claudia Rivera Vivanco era su jefa directa.
Cabe recordar que la exfuncionaria ha señalado que sus homólogos varones siempre percibieron un mayor sueldo que ella y que dicha situación de disparidad también se replicaba en otras área de la Comuna que comandó la política de izquierda.
Por su parte, Rivera Vivanco acusó que la audiencia de vinculación por discriminación en su contra es un nuevo intento de sus adversarios para evitar que participe en el próximo proceso electoral.
En ese sentido, hizo un llamado a sus contrincantes a “jugar limpio”, pues aseguró que ella jamás ha recurrido a estrategias de lodo durante su trayectoria política.
Descartó que haya el riesgo de que quede inhabilitada para las elecciones del 2024 con motivo del proceso jurídico en su contra: “No, para nada, siguen vigentes mis derechos político-electorales”.
Advirtió que hay una consigna en su contra por la celeridad que se le ha dado a su caso, subrayando que otras víctimas de injusticias como la saxofonista María Elena Ríos Ortiz no han tenido avances significativos en sus procesos legales.