El escándalo de la semana que hoy termina, además del reportaje de The New York Times sobre la injerencia de los cárteles del narcotráfico en las campañas del presidente López Obrador, sin duda alguna lo fueron las revelaciones del mismo aceptando que intervino en decisiones del Poder Judicial, durante la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quién pretendió prorrogar su período dos años más al frente del máximo tribunal del país violentando lo establecido por el párrafo quinto del artículo 97 de la Constitución General de la República, que a la letra dice: “ Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”, intentona que finalmente no pudo consumarse, debido a que el propio Ministro rechazó públicamente la extensión de su mandato, culminando su gestión el 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, para los ciudadanos de este país, las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de señalar: “todavía cuando Arturo Zaldívar era Presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo (como la liberación de Emilio Lozoya), nosotros respetuosamente interveníamos”.
Asimismo, aceptó que durante la presidencia de la ministra Norma Piña no habían sucedido casos como la liberación de Emilio Lozoya o el descongelamiento de las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna.
Por donde se analice, las declaraciones del presidente no sólo dejan mal parado y exhiben la baja calidad moral y servilismo del exministro Zaldívar cuando presidió la Corte, sino también a López Obrador, por confesar una clara injerencia del poder que representa sin respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
Ahora es necesario revisar, cuales son las disposiciones constitucionales que violaron ambos funcionarios reconocidos públicamente por el Presidente López Obrador:
El artículo 17. …párrafo sexto: Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”
El artículo 116 en el caso del Poder Judicial de los Estados establece en su fracción III, párrafo segundo establece: “La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones locales y las leyes orgánicas de los Estados…”
A su vez el artículo 122 establece la misma independencia para los magistrados y jueces de la Ciudad de México.
El relator especial de la ONU, sobre la Independencia de Magistrados y abogados Diego García Sayán, ha señalado: “La independencia judicial es un elemento indispensable para respetar el debido proceso legal, el estado de derecho y la democracia. Los principios básicos de la ONU reconocen la garantía de crear condiciones de servicio y permanencia para ser efectivos (Principios 11 y 12).
Por otra parte, al analizar lo establecido en Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la Asamblea general de la ONU en 1985, específicamente los contenidos en los numerales 1 al 7 señalan que, todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial y que cada estado miembro proporcionará los recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.
Así las cosas, la confesión del Presidente ha causado sorpresa, porque si bien es cierto que en otros períodos presidenciales esta debió ser una practica común, el usar a las fiscalías y al Poder Judicial para encarcelar a los enemigos y liberar a los amigos del régimen, desde las más altas esferas, situación que ocurre también en el ámbito de los estados del país, en los que los Poderes Judiciales y Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, son puestos por los gobernadores en turno y están obligados a responder a sus órdenes, sería extraño que alguno de ellos lo confesara públicamente y mucho menos que aceptara su intromisión e influencia como una práctica natural o permitida.
De las declaraciones y comparaciones que hizo el presidente entre el servilismo de Arturo Zaldívar a quién trató como su empleado y que obviamente maniobró al interior del Poder Judicial de la Federación a favor de los intereses del Presidente, que no siempre del bien común y de los intereses de la Nación y la de la actual Presidenta la ministra Norma Piña, quién ha luchado por defender la autonomía e independencia de dicho poder y respaldado las resoluciones de los jueces y magistrados, hay un enorme distancia.
Por ello el enojo del presidente, quién ahora considera a dicho poder como su enemigo y busca por medio de las reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero, desaparecerlo y castigar mediante la destitución a los Ministros, Magistrados y Jueces insubordinados e incómodos a quienes ha tachado de corruptos y conservadores, sin importar su carrera judicial, antigüedad ni los méritos profesionales y de desempeño que les han permitido ocupar los cargos que detentan.
Pese a lo anterior, y en el ocaso de este sexenio, seguramente no pasará nada y nadie investigará en cuántos asuntos Arturo Zaldívar operó a favor de los asuntos del gobierno de la República contra los enemigos del presidente y cuantas personas se vieron privadas de su libertad y se encuentran en prisión por las órdenes del presidente, sin haber tenido un debido proceso y sin que se le hayan respetado sus derechos humanos.
Esa cuestión, sólo la conocen AMLO y Arturo Zaldívar, a menos que los jueces y magistrados que fueron presionados por el expresidente de la Corte, se decidan a declarar en qué asuntos se vieron obligados a violar la ley para complacer los deseos del Ejecutivo.