Como reza el refrán popular: “No es traidor el que avisa” y aplica lo mismo en el caso del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien desde el inicio de su campaña anunció por los cuatro vientos y en todos los estados de la Unión Americana, su intención de expulsar del territorio del norte a todos los migrantes que hubieran entrado ilegalmente a su país, acusándolos de ser grupos de violadores, ladrones, asesinos, traficantes y de que todos ellos eran lo peor de sus países de origen, que los habían impulsado a buscar el sueño americano.
Tal como sucedió en su primer período en la Casa Blanca, para el presidente Trump la defensa del territorio estadounidense y la seguridad de sus connacionales, es lo más importante y bajo el argumento de que los migrantes son los culpables de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia en Estados Unidos; ha radicalizado su discurso y en los hechos, desde el primer minuto de haber pisado la Oficina Oval empezó a firmar los decretos respectivos para cumplir con los compromisos que hizo durante esta segunda campaña y que hoy le permiten tener un respaldo y mayoría en ambas cámaras, para tomar las decisiones que él considere pertinentes.
Por eso señalo, que si a Trump se le puede acusar de muchas cosas y defectos, también lo es, que los gobiernos de México y Canadá se enteraron con tiempo suficiente de las pretensiones del presidente de Estados Unidos, cuyas amenazas no quedaron en el discurso y no sólo se ha rodeado de un gabinete que respalda sus iniciativas, sino también de diseñar una estrategia, que le permitirá convertirse en el salvador de los problemas como el narcotráfico y venta de drogas como el fentanilo que el año pasado dejaron más de 200 mil muertos en su país.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado de minimizar la gravedad de la situación, que se empieza a complicar en los estados del norte que tienen frontera con Estados Unidos y que han comenzado a recibir por cientos a migrantes expulsados no sólo de México, sino también de varias nacionalidades más aquellos que ya estaban en el país, esperando una cita para poder ingresar a los Estados Unidos y que ya les fue cancelada al cerrar la actual administración, la aplicación que se había creado para obtenerlas y lograr ingresar legalmente a dicho país.
A la crisis humanitaria que se vislumbra en los estados del norte del país, se suman las caravanas de migrantes que siguen llegado del sur y que no han disminuido en número a pesar de que, a nivel internacional, Estados Unidos ya anunció el cierre del programa de entrada al país, que existió en el gobierno de Joe Biden.
La intención de las autoridades del gobierno federal de repatriar a los extranjeros y enviar a sus estados de origen a los mexicanos expulsados, por lo que se empieza a ver, no tendrá resultados, ya que si la gran mayoría de ellos salieron huyendo de sus estados o países de origen, por problemas como: la pobreza, falta de empleo, violencia, inseguridad, narcotráfico entre otros de igual o mayor gravedad, el regresarlos a su misma situación, no es una solución a sus problemas debido a que sus posibilidades de tener un futuro mejor prácticamente no existen.
Incluso, aún y cuando el gobierno federal, ha comenzado a dar permisos temporales de residencia en el país a los extranjeros y ayuda económica, así como empleos temporales, para la gran mayoría de ellos, no representa una solución, porque sólo serán un paliativo, porque no tienen garantizada una permanencia prolongada.
De lo anterior, se deriva, que los cárteles del narcotráfico y grupos de la delincuencia organizada se aprestan a entrar en franca competencia con el gobierno federal, para ver con quién se emplean los migrantes, dependiendo de quién les ofrezca un mayor pago y la posibilidad de salir de su precaria situación económica para que sea resuelta lo antes posible, al precio que haya que pagar.
Los riesgos que afronta el gobierno federal no terminan con el tema migratorio, ya que en materia económica, además de que se verá afectada la llegada de remesas que envían los migrantes a nuestro país. Si finalmente Trump cumple su promesa de poner aranceles del 25 por ciento a los productos que se fabrican en México y se exportan a los Estados Unidos, a partir del 1 de febrero como ya lo ha anunciado y que hará extensiva a Canadá, sus efectos inmediatos serán una depreciación drástica del peso frente al dólar y una desaceleración en la actividad económica en diversas ramas de la industria, con una caída del empleo.
La única posibilidad de que este escenario no se presente es que el gobierno de Sheinbaum logre negociar con los funcionarios de Donald Trump un acuerdo en el tema migratorio, frenando en la frontera sur la llegada de más migrantes y apoyar el programa Quédate en México que ha revivido el presidente estadounidense, así como lograr un acuerdo de cooperación, en el que se unan fuerzas para exterminar a los carteles del narcotráfico que envían drogas a los Estados Unidos.
Lo anterior se ve difícil, aunque no imposible. El problema es la falta de negociadores con oficio y experiencia, que puedan afrontar inicialmente estos retos y en segundo lugar, logren beneficios para México en la revisión del T-MEC, si esto se adelanta para este año y no para 2026 como está previsto.
Por ahora, el acuerdo de unidad que propuso la presidenta a las dos cámaras de Diputados y Senadores para cerrar filas y enfrentar así la embestida de Donald Trump contra México, no se logró, ante la negativa de las bancadas de la oposición PRI y PAN que por separado salieron a anunciar el por qué no apoyarían esta iniciativa de Morena y aliados, quienes en respuesta los calificaron como traidores a la patria.
La unidad que se alcanzó con los gobernadores emanados de todas las fuerzas políticas y los presidentes municipales, fortaleció al gobierno de Sheinbaum; sin embargo ,lograr que se de en el Poder Legislativo será difícil, a menos que el oficialismo, deje atrás la soberbia y su actitud de borrar a los partidos de oposición, que no tienen ninguna presencia, ni representación en posiciones que les permitirían al menos sacar adelante algunas iniciativas y posiciones en el gobierno federal.
Mientras no se de una apertura, la unidad no se dará en momentos en que el país debe defender a nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos para evitar su deportación y nuestros intereses económicos y evitar quedar subordinado a lo que decidan los vecinos del norte, cuyas amenazas se van cumpliendo cabalmente.