Todos los caminos conducen a Oaxaca.
Lo que aparentaba ser un acto de corrupción, terminó siendo una estrategia legal de los abogados involucrados. Con toda la información en poder de CAPITAL, queda claro que existe un conflicto sobre el inmueble y que todas las partes tienen conocimiento.
El 20 de mayo pasado, el Poder Judicial del Estado de Puebla recibió un oficio del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca. En éste se solicitaba apoyo para cumplir un exhorto judicial relacionado con el Juicio Ejecutivo Mercantil 497/2024, promovido por Emma Dulce Flores Hernández contra Ángel Andrés Bustos Flores.
El exhorto tenía como objetivo realizar el desalojo y la entrega de la posesión de un terreno sin construcción, con una superficie total de 720 metros cuadrados, ubicado en la calle Rosendo Márquez, colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, y que incluía varios lotes: números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez de Oaxaca y por el Juzgado de Exhortos, el pasado 16 de julio, se llevó a cabo la diligencia, entregando únicamente los lotes 2, 4, 8, 10 y 12.
Durante esta actuación, la señora Sara Eugenia Téllez Castellanos, arrendataria del lote número 2, solicitó autorización para retirar sus pertenencias, lo que se permitió y se concretó el 18 de julio.
Posteriormente, el 28 de julio, el Juzgado de Exhortos recibió el Juicio de Amparo 1092/2025, promovido por Iliana Velázquez de Garay, apoderada legal del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). En este amparo, el Juzgado Tercero de Distrito en Puebla concedió la suspensión provisional para que no se ejecutara una orden de embargo sobre otro terreno relacionado, identificado como “Lote de terreno número 19 de la manzana 45 del polígono SA-23 del ex ejido de San Andrés Cholula”, actualmente con número oficial 10 de la calle Gobernadores, en el mismo fraccionamiento Gobernadores.
El 6 de agosto, una de las partes presentó un documento notarial y pidió que se devolviera un trámite judicial llamado exhorto. Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud porque el asunto todavía está en proceso dentro de un juicio de amparo, es decir, aún no se ha resuelto y sigue en revisión.
Ese mismo día, el Ministerio Público pidió que en un plazo de tres días se le entreguen copias certificadas de todo lo que contiene ese trámite (exhorto 4499/2025), ya que lo necesita para una investigación relacionada con delitos como fraude, despojo o daño a la propiedad. Esa petición quedó pendiente de que el juez emita su acuerdo.
Al parecer, se generaron dos escrituras sobre el inmueble —que no es algo nuevo— y hay una mano negra que quiere sacar provecho.