El cobarde y artero asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; la primera, secretaria particular y el segundo coordinador de asesores de la Jefa de Gobierno de la ciudad de México Clara Brugada, cometido por un sicario el pasado martes 20 de mayo, aproximadamente a las 7.13 am a plena luz del día, en la Calzada de Tlalpan, a las afueras de la estación Xola, de la Línea 2 del Metro, donde los dos funcionarios de primer nivel del gobierno de la capital del país, fueron abatidos a balazos.
Fue una operación bien planeada, por uno de los cárteles que actualmente operan en la Ciudad de México y que de acuerdo a información dada a conocer por la periodista de investigación Anabel Hernández, de acuerdo a sus fuentes, todo indica fue ejecutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque el dato no ha sido confirmado por las autoridades de la fiscalía capitalina, a cargo de la investigación.
Para muchos analistas, la hora y el día en que se perpetró el doble homicidio tenía la intención de dar un golpe y mensaje, no sólo a Clara Brugada por tratarse de dos funcionarios muy cercanos a su administración, no de ahora, sino que venían trabajando con ella, desde que gobernó la alcaldía de Iztapalapa; sino también a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, quienes daban inicio a la Conferencia del Pueblo de la presidenta y donde el secretario informaría de la baja en los niveles de inseguridad y homicidios dolosos en el país, que se han venido dando con la estrategia de seguridad implementada en el actual gobierno contra las organizaciones criminales.
Los hechos y circunstancias del condenable homicidio, dejan en claro, que si bien es cierto que en esta guerra que libra el gobierno federal con apoyo de las fuerzas armadas como el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, contra los grupos de la delincuencia organizada han logrado detener a 21,411 criminales, por delitos relacionados con el tráfico de drogas, se ha logrado del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025 incautar una tonelada y media de sustancias ilícitas para elaborar estupefacientes y más de dos millones 300 mil pastillas de fentanilo; 10,962 armas de fuego y se ha logrado inhabilitar 915 laboratorios clandestinos para elaborar metanfetaminas.
Se ha logrado también reducir el robo a transporte en las carreteras del país, que ha disminuido en los siete meses de la administración de Claudia Sheinbaum, disminución en un 28% comparado con el gobierno anterior y se ha logrado la recuperación de vehículos robados en un 24%.
Aunque mucho se ha especulado, sobre las causas que motivaron el asesinato de los dos funcionarios de primer nivel del gobierno de la capital del país y que las investigaciones siguen su curso y al momento no se ha logrado dar con los responsables, ya que el sicario que llevó a cabo la ejecución, no actúo sólo, pues que se ha detectado que al menos tuvo a otros dos cómplices, lo que resulta alarmante es la facilidad con la que llevó a cabo el doble homicidio y la ausencia de seguridad para Ximena y José Muñoz, que no contaban con escolta y mucho menos con personal de seguridad.
Independientemente del mensaje o la intención que tuvo el cártel o grupo de la delincuencia que perpetró el asesinato, es condenable en todos sentidos el hecho, ya que todo apunta a que ante la estrategia del gobierno federal, para detener, desmantelar, incautar y deportar a los Estados Unidos a los líderes de los carteles y mandos, responsables de las plazas y manejo de los ingresos que obtienen del tráfico de drogas, la ejecución de los funcionarios es una respuesta ya que ahora dirigirán sus acciones en contra de los colaboradores que consideren les han afectado o que les estorban para seguir operando en el país con una completa impunidad.
Estamos ante el inicio de una contraofensiva de los grupos criminales, que parecen dispuestos a cobrarse con vidas de colaboradores de los gobiernos todas las acciones de las fuerzas de seguridad que los están combatiendo, por lo que se sienten no sólo agraviados, sino también traicionados, por la ruptura de los pactos de impunidad y de protección a sus actividades delictivas que los ponen al borde del colapso financiero y de una eventual pérdida de sus vidas o su libertad.
Si algo preocupa al gobierno de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, es la colusión que existe y prevalece aún entre presidentes municipales, gobernadores y elementos de las fuerzas de seguridad que tenían acuerdos y pactos de impunidad, que ahora empiezan a desconocer, con el riesgo, no sólo de que sufran represalias, ellos, sus colaboradores o sus familias como una forma de venganza sin importar quiénes sean responsables de haber suscrito esos acuerdos, que tanto daño han hecho al país y a los ciudadanos, que habitan en estados como: Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Colima, Baja California, Morelos, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, entre otros, donde el dominio territorial de los carteles se ha extendido en forma exponencial.
La única forma de detener esta ola de violencia y contraofensiva de los cárteles hacia los funcionarios públicos y colaboradores, es que las autoridades involucradas y que son responsables de la violencia en sus estados, ya sea por acción o por omisión, rindan cuentas ante la justicia y colaboren con las fuerzas de seguridad, anteponiendo sus intereses personales y económicos a la eliminación de la violencia e inseguridad que continúa en sus estados.
Por ello, será muy interesante ver en los próximos días, si realmente el Departamento de Estado del vecino del norte, publicará la lista de funcionarios de gobierno, gobernadores y miembros de la clase política involucrados con los cárteles del narcotráfico o bien, si sólo es un rumor y les dará la oportunidad de que sean ellos mismos los que colaboren con la Fiscalía General de la República y el gobierno federal, para proporcionar la información y elementos para el desmantelamiento de los carteles y detención de los jefes de plaza y líderes que siguen actuando en el país.