Los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el estado de Puebla, se pronunciaron porque la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio capitalino, Consuelo Cruz Galindo, rinda cuentas sobre los antecedentes que ya sabían respecto al “picadero” en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, donde se distribuía droga.
En dicha comunidad fueron asesinados al menos siete personas, entre narcomenudistas y consumidores. La mañana del martes 24 de octubre, la funcionaria municipal admitió que dicho lugar ya tenía al menos siete años de existencia y que se habían hecho operativos, pero no se había detenido a nadie.
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que ese tipo de sitios están prohibidos.
“Tienen que rendir cuentas en ese aspecto y no se pueden permitir este tipo de situaciones”, sostuvo.
Eduardo Rivera debe poner cartas en el asunto
Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Castillo López, sostuvo que si ya el Ayuntamiento de Puebla tenía indicios de ese punto, ahora con lo sucedido, también tiene responsabilidades.
Ante tal situación, convocó a que Consuelo Cruz Galindo debe de comparecer ante el Cabildo municipal.
“Yo hago un llamado al presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, que tome medidas y cartas en el asunto”, manifestó.
Ante la justificación del gobierno municipal, en el sentido de que los hechos de violencia en la capital es por el panorama que se vive a nivel nacional, el legislador aclaró que este tipo de actos están pasando en la ciudad.