En la terrible historia que inició con un reporte de desaparición y terminó en una tragedia, aún quedan muchas dudas.
El 20 de febrero, un día después de la denuncia por desaparición del matrimonio de Alexandro y Karina, ambos fueron localizados sin vida, con signos de tortura.
Durante los días posteriores, en horarios poco comunes, la fiscal Idamis Pastor se apareció en las oficinas especializadas en desaparición forzada por un posible vínculo familiar entre una de sus colaboradoras más cercanas y una de las víctimas.
En cuestión de días, empezaron los cateos y detenciones con un socio comercial de la víctima, presuntamente ligado a operaciones regulares; un supuesto autor material con antecedentes en la función pública en Tlaxcala; y una mujer señalada como la encargada de la logística del crimen.
Todos ya fueron vinculados a proceso por delitos graves.
Sin embargo, ya comenzaron a surgir otras versiones desde la propia Fiscalía.
Ya se habla de actos de tortura contra uno de los detenidos que habría sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía fuera de los protocolos legales y se comenta internamente de agentes que no quisieron atentar contra el estado físico del acusado para no caer en violaciones a derechos humanos.
Después de la negativa, llegaron los ajustes administrativos —que parecen más disciplinarios— con remociones y cambios de adscripción.
Si la información que le presento resulta cierta como aseguran un par de involucrados, la investigación estaría contaminada por posibles abusos de poder.
En un estado de derecho no basta con detener culpables, es fundamental que el proceso sea limpio y apegado a la ley para no terminar oscureciendo aún más los hechos.
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