La diputada Susana Riestra, presentó un paquete de iniciativas orientadas a garantizar que el organismo constitucional autónomo, informe de manera directa, pública y periódica sobre el ejercicio de sus funciones.
“Más allá de cualquier interpretación normativa, el acto de comparecer para rendir cuentas, debería ser no solo una obligación legal, sino un compromiso moral de todo funcionario público con la ciudadanía. Sin embargo, precisamente porque hoy existen vacíos legales que permiten lecturas a conveniencia, es que resulta necesario precisar esta obligación en la ley”,
puntualizó.
La iniciativa central plantea una reforma al Artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer de manera expresa la obligatoriedad de la comparecencia anual, presencial y pública de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla ante el Congreso del Estado, en términos similares a los ya previstos para la Fiscalía General del Estado.
Con ello, se busca homologar criterios, eliminar ambigüedades normativas y fortalecer el escrutinio democrático sobre una institución clave para la protección de los derechos fundamentales.
“La autonomía no es opacidad, y rendir cuentas no implica subordinación, sino responsabilidad pública”, expresó la diputada, al destacar que estas reformas no buscan confrontación, sino coherencia institucional.
De manera complementaria, el paquete incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para dejar claro que la rendición de cuentas no es una opción ni un acto discrecional, sino un mandato legal.
Riestra subrayó que la autonomía de los organismos constitucionales no puede entenderse como sinónimo de opacidad, sino como una responsabilidad reforzada frente a la ciudadanía.
La legisladora enfatizó que los informes enviados únicamente por escrito corren el riesgo de convertirse en ejercicios meramente administrativos, sin diálogo ni contraste público, por lo que resulta indispensable que las autoridades comparezcan ante la representación popular para explicar, responder y transparentar su gestión.