El 19 de septiembre de 2019 se publicó la nueva Ley General de Educación en el Diario Oficial de la Federación, que abroga la anterior del 13 de julio de 1993, entrado nuestro país en una nueva etapa en la materia, dejando atrás el modelo que imperó en el denominado periodo neoliberal para abrir paso al modelo de la cuarta transformación con el gobierno de AMLO.
Los cambios en la nueva ley son de gran importancia para todos los mexicanos, no sólo para los del nivel de educación obligatoria, sino para todos los demás como el de la educación superior.
La urgencia de sepultar los modelos y diseños que imperaron en los gobiernos del PRI y del PAN, así como las reformas educativas, que fueron calificadas como inequitativas e injustas por la oposición representada por los partidos de izquierda, así como el descontento de los sindicatos del magisterio, fueron un factor determinante para que las promesas de AMLO en la campaña de 2018 permearan en buena parte de la población que le permitió alcanzar el triunfo en las elecciones.
En la obra ¿AMLO Presidente? de José Antonio Crespo (2018) página 81 cita: AMLO “ofreció que se mejoraría la calidad de la enseñanza y, al mismo tiempo buscaríamos alcanzar la cobertura total en todos los niveles de escolaridad. Se rehabilitaría y ampliaría la infraestructura educativa…Ningún joven que quisiera ingresar a la Universidad habrá de ser rechazado”. Pone como ejemplo de eso a los países escandinavos (una vez más) como es Dinamarca, donde “la población cuenta con educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares; hay becas para todos los estudiantes de nivel medio superior y posgrado”.
Pero como todos sabemos, una cosa son las propuestas de campaña para lograr el voto mayoritario y el triunfo en las elecciones, otra es el Plan Nacional de Desarrollo que cada presidente presenta y en el que lejos de los discursos debe fijar las políticas públicas y programas que guiarán su actuar y la real, es lo que finalmente acontece en los diferentes rubros de la administración, cuando cada acción de gobierno debe estar respaldada con el presupuesto necesario para cumplir las expectativas ciudadanas.
Por ello la nueva Ley General de Educación fue el eje y la guía fundamental para que AMLO lograra materializar sus ideas en este rubro para transformar al país.
El balance de los seis años de su gobierno en materia educativa no es favorable, ya que los viejos vicios como el analfabetismo al cierre de 2024 reportan que en México hay 32 millones de analfabetas y en rezago educativo y más de 5 millones no saben leer ni escribir; 10 millones no ha concluido la primaria y 16 millones la enseñanza secundaria.
La asistencia y apoyos de los programas sociales y del bienestar a las familias, no han sido suficientes para abatir esta problemática.
El hecho de que la educación en México se ha instrumentalizado para preservar un modelo y proyecto político a largo plazo, también ha afectado tanto la cobertura como la calidad de la enseñanza que reciben los jóvenes en todos los niveles.
Uno de los rubros que más se vieron afectados en el gobierno de AMLO, fue el de la educación superior, donde se aplicaron recortes a las universidades autónomas, por un lado y por el otro, se les obligó a recibir más alumnos, a sabiendas de que se requerían más recursos e infraestructura para su atención; aún así las universidades públicas, salvo casos excepcionales han salido adelante para apoyar a los jóvenes que desean cursar estudios de nivel medio superior y superior.
En el caso de las carreras del área de la Salud, la nueva Ley General de Educación, en el título séptimo del Federalismo educativo en el artículo 113 establece: “le corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: fracción X.-Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en el área de la salud”.
Con esta disposición, se prohibió a las secretarías de Educación de los estados, otorgar reconocimientos de validez oficial de estudios a instituciones educativas particulares, aún y cuando contarán con los mismos, con fecha anterior a septiembre de 2019, obligándolos a solicitar los reconocimientos en la SEP federal, con lo que las posibilidades para los jóvenes de cursar una carrera en dicha área se redujeron drásticamente, por la saturación y falta de lugares que enfrentan para ingresar a las universidades públicas.
Aún y cuando durante la pandemia de la COVID-19, fue evidente la falta de profesionales como médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros para atender a la población enferma; el gobierno federal prefirió traer médicos cubanos para cubrir estas carencias y hasta la fecha la política de seguir con la centralización federal para otorgar reconocimientos de validez a las instituciones educativas sigue vigente.
A lo anterior se suma el burocratismo y saturación de solicitudes que enfrenta la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) dependiente de la Secretaría de Salud federal, que debe emitir un dictamen previo de aprobación de los planes y programas que pretendan impartir los particulares, atendiendo solicitudes de todo el país, que se acumulan todos los días, por falta de personal y apoyos.
Cuando el particular ya cuenta con el dictamen de la CIFRHS, aún debe pasar la aduana de la Dirección General de Instituciones Particulares de la SEP federal, (DGAIR) que, con poco personal, presenta un rezago de más de 20 mil expedientes en espera de ser analizados para determinar si se otorga o no el acuerdo de reconocimiento solicitado por el particular.
Las instituciones particulares han solicitado a los diputados federales se promueva una reforma a la Ley General de Educación, para devolver a los Estados la facultad de que sean ellos, a través de sus Secretarías del ramo quienes otorguen los reconocimientos de validez oficial en las licenciaturas del área de la Salud, para aumentar la cobertura y el país cuente con un número suficiente de profesionales para la atención a la población.
Sólo falta la sensibilidad y apertura de las autoridades federales, para resolver una problemática que actualmente afecta las aspiraciones de nuestros jóvenes para convertirse en profesionales del área de la salud.