Desde antes de su postulación como candidata a la presidencia de la república por Morena y partidos aliados PT y PVEM, Claudia Sheinbaum por su trayectoria y trabajo político en la izquierda en México y con el apoyo del presidente AMLO, siempre fue vista como la carta fuerte para suceder al líder de la cuarta transformación de la vida pública de México, en lo que se denominó como el segundo piso del movimiento, a fin de dar continuidad al proyecto de gobierno y llevar a cabo las reformas estructurales y constitucionales que habían quedado pendientes en la agenda del ex presidente.
Aún y cuando fue el propio AMLO, quien abrió el proceso de selección del candidato y/o candidata a la Presidencia de la República tres años antes de la elección y se dio la oportunidad a cinco corcholatas presidenciales con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, para nadie era un secreto que la única del grupo que siempre militó en la izquierda fue la actual presidenta.
Su lealtad a AMLO siempre estuvo a toda prueba, en las buenas y en las malas, por ello durante el proceso de selección del candidato (a) una gran parte del morenismo con los legisladores y gobernadores se volcaron a apoyar a Sheinbaum con todo el aparato oficial, para quedar bien tanto con el presidente, como con quién se perfilaba para sucederlo.
Siempre en el discurso la Presidenta ha reconocido el trabajo de AMLO y defendido su gobierno en forma férrea, para evitar que se manche su nombre o se pretenda acusarlo de actos de corrupción o errores políticos que puedan dañar su legado e imagen.
Desde el inicio de su gestión ya como presidenta y en todos los actos políticos, como su primer informe de actividadesy encuentros con la militancia de Morena, su discurso ha arrancado con el reconocimiento al trabajo del expresidente y compromiso por consolidar el segundo piso, de acuerdo a lo que le pidió AMLO, cuando dejó la presidencia.
Sin embargo, es evidente que la Presidenta no ha podido fincar su gobierno, y enfrentar los problemas que enfrenta el país, sólo con la mención o el recuerdo de un líder que ya no está en el poder y cuyos errores y escándalos estallan en forma cotidiana, considerando que le dejó un cúmulo de problemas y a un grupo de funcionarios enquistados en su administración, que sólo son leales a AMLO, aunque trabajan para la presidenta.
Así, funcionarios como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su coordinador de Asesores, Jesús Ramírez Cuevas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y hasta hace unos días Adán Augusto López en la Cámara de Senadores, así como Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán en la dirigencia nacional de Morena, son los alfiles que el expresidente dejó sembrados en la administración de Sheinbaum y en el partido, para controlar decisiones y evitar desvíos que pusieran en riesgo el segundo piso de la 4T.
Hasta ahora el único funcionario identificado al cien por ciento con la presidenta es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, al que se sumaría la Fiscal General de la República recién nombrada Ernestina Godoy, quién la acompaño en la Fiscalía de la Ciudad de México cuando Sheinbaum ocupó la Jefatura de Gobierno.
De ahí en fuera la Presidenta ha tenido que enfrentar los desplantes y soberbia de los funcionarios que vienen de la administración de AMLO, algunos considerados intocables y a quienes ha tenido que defender y justificar públicamente, cuando se han dado a conocer escándalos o denuncias de corrupción como en el caso del senador Adán Augusto Lópezy su relación con el grupo de la delincuencia organizada conocido como La Barredora auspiciado por quien fuera su Secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco Hernán Bermúdez Requena actualmente preso en una prisión de alta seguridad.
La llegada del presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos y el endurecimiento de sus políticas en contra del gobierno mexicano, en temas como el combate al narcotráfico, la migración, la seguridad de su frontera, aunado al de la aplicación de aranceles y la revisión del T-MEC han puesto contra las cuerdas a la Presidenta, al grado de que ha asumido compromisos y llevado a cabo acciones como la entrega en total de 97 capos de los cárteles que se encontraban en prisiones de nuestro país y que sin mediar ningún procedimiento legal, fueron entregados al gobierno de los Estados Unidos.
Recientemente, la presión de Trump, para evitar que México siguiera enviando petróleo al gobierno cubano con la amenaza de aplicar aranceles a los países que lo hicieran, dejó mal parada a la Presidenta, quien nunca ha ocultado su simpatía por los gobiernos comunistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba con los que ha tenido que marcar por ahora una relación distante.
En los últimos días, los escándalos de corrupción contra su jefe de Asesores, Jesús Ramírez Cuevas y el desvió de 27 mil millones de pesos al extinto sindicato del SME, denunciado por el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Sherer, acusándolo además de haber introducido al llamado rey del huachicol Julio Carmona, quien financió con dinero de dicha actividad campañas políticas de gobernadores y legisladores emanados de Morena, han puesto el dedo en la llaga, sin que la presidenta haya ordenado a la fiscalía se abra una carpeta de investigación para aclarar los hechos, sino por el contrario declaró que: hasta ahora no se ha abierto ninguna carpeta en contra de su jefe de asesores, ni contra el exsecretario de Marina Rafael Ojeda por el huachicol fiscal en el que se ha denunciado un daño a la hacienda pública superior a los 600 mil millones de pesos, de acuerdo a la procuradora fiscal.
El entorno internacional y los escándalos que se han dado a conocer y los que se avecinan en el país, seguramente obligarán a la Presidenta a deslindarse de los actos de corrupción de su antecesor y a realizar los cambios en su gabinete con gente de su confianza, así como en las cámaras de diputados y senadores.
De no hacerlo su administración pasará a la historia como la que solapó la corrupción y exoneró a quienes cometieron delitos con la protección del manto presidencial, en el sexenio de AMLO.