Diana González, integrante del Frente Poblano contra deudores alimentarios, se ató al asta bandera del Poder Judicial de Puebla para acusar violencia institucional en contra de varias progenitoras que residen en la entidad, las cuales tienen sin resolver diversas denuncias de pensión alimenticia.
“Así nos tienen, atadas, cegadas, calladas. Esta es una representación de lo que yo como madre he sufrido y cómo muchas madres han padecido aquí en el Poder Judicial”, manifestó.
La activista explicó que lleva un proceso de pensión alimenticia desde 2018, en donde se le otorgó a su infancia una sentencia provisional favorable, pero subrayó que está en espera de una resolución definitiva.
Abundó que su expareja interpuso varios amparos para lograr reducir el monto que debe de aportar a su vástago y dijo que su caso ha sido tratado sin perspectiva de género.
Por otro lado, señaló que en Puebla existen mil cinco mamás que padecen su misma situación, distribuidas en varios municipios.
“No hay ley ni autoridad que haga justicia a nuestras sentencias”, apuntó.
La activista fue acompañada por otras integrantes de la agrupación, quienes colocaron un tendedero en la explanada del Poder Judicial con los nombres de los jueces que han dilatado o retrasado sus casos.
Exigieron hablar con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Díaz, así como con el responsable del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y el jefe de abogados de oficio.
Ello con la finalidad de que escuchen directamente sus demandas y haya avances en sus resoluciones de pensión alimenticia.