Tras las declaraciones de la Diputada Federal Rosario Orozco en contra de Gobernador Sergio Salomón, y diputados de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, el exdiputado local, Eduardo Alcántara Montiel, afirmó que el único acuerdo al que se llegó con Salomón Céspedes no tuvo fines económicos ni de prebendas, sino que buscaba frenar el abuso de la prisión preventiva como herramienta de persecución política, práctica que calificó de “excesiva e ilegal” durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.
“Muchos compañeros del PAN eran presionados por Barbosa, quien los enviaba directamente a prisión preventiva sin juicio previo. Primero te agarraba, te encarcelaba y luego investigaba, eso es ilegal”, comentó Alcántara, quien dijo que su demanda no implicaba impunidad, sino que garantizaba procesos más justos para quienes tuvieran cuentas pendientes con la justicia.
Alcántara cuestionó que hasta ahora Orozco haga estos comentarios, pues solo se tratan de acciones para sembrar la intriga de que no se tomó en cuenta la primera propuesta y se llegó a la segunda. Afirmó que la primera propuesta para la gubernatura interina fue la misma Orozco, pero que fue rechazada por la oposición y que estas declaraciones parecían más una “rabieta” porque no fue la electa.
Finalmente, comparó los periodos de Barbosa Huerta y Salomón Céspedes, sosteniendo que el primero estuvo marcado por la falta de obra pública, irregularidades señaladas por la Auditoría y de un gobierno “ausente y lleno de abusos”. Además, añadió que los resultados del actual gobernador serán evaluados al cierre de su gestión pero que estos son tangibles.