El diputado José Luis García Parra, presentó una iniciativa de Ley de Profesiones para el Estado, con el objetivo de establecer las profesiones que necesitan de un título para su ejercicio en la entidad, los requisitos para obtenerlo y las instituciones que pueden expedirlo.
Desde Tribuna, el legislador defendió que de las 32 entidades federativas solo Puebla aparece sin una Legislación al respecto, aún y cuando han existido y existen disposiciones tanto legislativas como judiciales que orientan esta actividad.
Añadió que el Estado ha padecido rezagos jurídicos que lo han atrasado en la modernización administrativa, incidiendo en la convivencia social y en la rapidez para resolver controversias cotidianas de sus habitantes; tal es el caso de la falta de legislación en materia del ejercicio profesional en nuestro Estado.
Comentó que el papel de las instituciones de educación superior es fundamental en la formación de los profesionistas que el día de mañana ofrecerán y brindarán sus servicios a la sociedad, y abona a la consolidación de una red educativa estatal confiable en su nivel educativo productivo.
Puso como ejemplo el caso del juez José Refugio Alejandro León Flores, quien ejerció más de 30 años como tal, sin tener título: o Ganó amparo por prescripción del delito de falsificación, y por falta de una Ley que definiera qué actividades necesitan títulos.
Otro ejemplo reciente, el de Marilyn Cote, investigada por fraude, falsificación y prescripción ilegal de medicamentos: o Marilyn Cote fue señalada por cientos de personas que acudieron a su consultorio en busca de ayuda para problemas de salud mental, sin saber que estaban siendo víctimas de un fraude.
“Cote, quien se hacía pasar como una profesional de la psiquiatría, jamás estuvo habilitada ni registrada para ejercer dicha profesión. No solo atendía a sus “pacientes”, sino que también prescribía medicamentos controlados, sin tener los permisos ni la capacitación para hacerlo”, expuso.
Ante tales casos, García Parra sentenció que es momento de que en Puebla se emita la normativa que eleve la base profesional que le da progreso y seguridad a la sociedad, y se vaya con esto en el mismo sentido que el resto de los Estados que conforman la Federación, y con la Federación misma.
“Esta iniciativa de Ley de Profesiones respeta y robustece las garantías y libertades académicas que se consagran en las Constituciones tanto Federal como Estatal, entre las que destacamos: la autonomía universitaria, la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, y de facultades en la determinación de programas de estudio, sin que en su diseño haya algún rasgo de injerencia respectiva o imposición”, comentó.