La semana que culmina nos dejó dos anuncios trascendentales para el futuro del país y que son fiel reflejo del estilo de gobernar del presidente López Obrador y que lo ha caracterizado durante su gestión, a fin de lograr una vez más fijar la agenda nacional y colocar a su gobierno en el centro del debate y polémica, se trata de la reforma de pensiones y de la desaparición de los organismos autónomos que han sobrevivido hasta ahora, al embate del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida nacional.
Dichas reformas van ligadas entre sí y mediante ellas el Presidente busca polarizar una vez más las posiciones de su gobierno y del bloque opositor conformado por el PRI, PAN y PRD a fin de vender a los ciudadanos la idea de que las mismas serán en beneficio de los pobres de este país y de que el hecho de que no sean aprobadas en el Congreso de la Unión por no alcanzar las dos terceras partes de votos de los Senadores, sea motivo suficiente para culpar a los opositores de afectar a este sector de la población y con ello ponerlos en su contra, en momentos en que el país, estará en pleno período de campañas políticas para elegir al próximo presidente, diputados federales, senadores, nueve gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales de estos estados; es decir, al final el Presidente ganará en el escenario que se presente, porque si eventualmente consigue los votos necesarios para la aprobación de las reformas, el mérito será de él y su movimiento, dándole una rentabilidad electoral; pero si no se aprueban como todo parece apuntar, el saldrá bien librado y tendrá material suficiente para lanzar más ataques y descalificaciones a los partidos que han impulsado la candidatura de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República.
Pero, vayamos a fondo de lo que contienen dichas reformas: en primer lugar, la de pensiones, que forma parte de otras iniciativas anteriores como la reducción de la jornada laboral, el aumento del 20 por ciento a los salarios mínimos, entre otras y que han sido dirigidas para beneficiar a la clase trabajadora del país.
Aunque será hasta el 5 de febrero en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fecha en que el presidente presentará dichas iniciativas al Congreso para su aprobación, se prevé de acuerdo a sus declaraciones que el objetivo es que los trabajadores afectados por la reforma de 1997 se puedan jubilar con el 100 por ciento de su salario, se pretenden incrementar las aportaciones de trabajadores y patrones y por otra parte el gobierno federal realizará aportaciones de manera paulatina, con cargo al presupuesto público.
En año electoral, el Presidente ha declarado que la primera aportación de su gobierno para fondear la parte que corresponde a su gestión se obtendrá del endurecimiento mayor de las medidas de austeridad republicana, es decir, seguirá sacrificando a la burocracia de su gobierno, para que los recursos de los ahorros se apliquen al fondo de pensiones.
Pero como dichos ahorros, no serán suficientes, la segunda fuente de recursos se obtendrá del presupuesto asignado a los órganos autónomos como el INAI que tiene 1097 millones, el IFT 1680 millones, la COFECE 687.9 millones que suman en total: 5 mil 186.9 millones de pesos conforme al Presupuesto de Egresos federal para 2024; sin descartar que también incluya en los organismos a desaparecer hasta la CNDH para que sus funciones sean absorbidas por el gobierno federal.
De acuerdo a la opinión de expertos en finanzas públicas, una reforma como la que propondrá el Presidente, es inviable, porque al aumentar la austeridad en los ingresos de los servidores federales, irá en detrimento de la calidad de los servicios a los ciudadanos y se incrementará la corrupción, además que si revisamos los montos que se obtendrían con la desaparición de los organismos autónomos, son mínimos comparados con los recursos que se necesitan para pagar las pensiones obligatorias y las del bienestar que este año se incrementaron.
En conclusión, las reformas del Presidente, en el fondo, buscan aumentar su popularidad y obtener apoyo para su proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación y además librarse de los organismos autónomos, que han sido incómodos a su administración y que representan un contrapeso a sus proyectos y políticas públicas; pese al hecho de que su eliminación sería un retroceso a los avances en diferentes materias en el país, que sólo se dieron a partir de la alternancia en el poder y gracias a que el PRI dejó de controlar el gobierno, modelo que ahora parece convenir al presidente para garantizar a toda costa la continuidad que representa el triunfo de Claudia Sheinbaum y de sus candidatos a los cargos que se elegirán el primer domingo de junio de 2024.