Uno de los grupos con los que más se confrontó el expresidente AMLO, desde que fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente en las tres campañas en las que participó para llegar a la Presidencia de la República, en el año 2006, 2012 y 2018 fue el de los empresarios.
Los dueños de las grandes empresas trasnacionales, a quienes acusó, no sólo de saquear al país en el período neoliberal por medio de las compras de empresas del estado, concesiones y permisos para explotación de bienes nacionales, sino también por haberse consolidado como un grupo de poder que apoyó incondicionalmente a los presidentes emanados del PRI y el PAN.
Para López Obrador, como líder de la oposición, inicialmente en el PRD y después con Morena, los grandes empresarios y representantes de la iniciativa privada, los consideró como sus enemigos y aprovechaba cualquier acto proselitista para acusarlos de ser junto con los neoliberales, los culpables de los grandes males del país, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la explotación de los trabajadores que laboraban en sus empresas con bajos salarios, mientras los empresarios amasaban grandes fortunas gozando de privilegios como condonaciones en los pagos de sus impuestos o ayudas para pagar a plazos o ejecutando proyectos, al amparo del poder con presidentes municipales, gobernadores y funcionarios de primer nivel en la Federación.
Los empresarios junto con los gobiernos neoliberales PAN y PRI en turno, representaban lo que el expresidente denominó como la mafia del poder por el apoyo que recibieron de los funcionarios de los tres niveles, en licitaciones para que se les asignaran grandes obras o proyectos y participando de las utilidades a los familiares o prestanombres de los presidentes municipales, gobernadores y secretarios de estado.
En el periodo neoliberal, los empresarios se vieron obligados por las circunstancias a acercarse a los partidos y gobiernos en turno, para lograr, primero la creación, crecimiento y por último consolidación de sus negocios, teniendo que pagar en muchos de los casos los famosos moches para realizar una obra o proyecto en los gobiernos, ya que quienes no pagaban, estaban condenados a nunca ganar una licitación y por ende a ejecutar algún proyecto u obra.
Derivado de lo anterior, fueron muy pocos los empresarios y grupos que, en las dos primeras campañas presidenciales de AMLO, le dieron su apoyo abierto e incondicional, por los riesgos que corrían en caso de que perdiera la elección López Obrador, de ser perseguidos por el gobierno en turno, por apoyar al candidato derrotado.
Fue hasta la tercera campaña en 2018 que algunos empresarios y gobernadores de otros partidos como el PVEM y se considera algunos del propio PRI, decidieron apoyar las aspiraciones de AMLO y en secreto le entregaron recursos económicos para su promoción y estructura partidista, sin que el INE tuviera conocimiento o fiscalizara el origen de dichos recursos.
Ya en la presidencia AMLO abandonó el discurso de la república amorosa, que millones de ciudadanos le compraron y se dedicó en el 90 por ciento de sus conferencias mañaneras, a culpar al PRI y el PAN de todos los problemas del país y por ende a los grupos empresariales y de la iniciativa privada que los sostuvieron y se enriquecieron al amparo de dichos gobiernos, por ende tanto dichos sobre los partidos como los empresarios fueron blanco de sus ataques y discurso de polarización para convencer a los mexicanos de que eran sus adversarios y el pueblo bueno y sabio, nunca más debería pensar en que regresen al poder.
Pero, desde el inicio del gobierno de la 4T, hubo empresarios como Carlos Slim y el mismo Ricardo Salinas Pliego, que todo apunta a que supieron jugar con el candidato ganador y fueron convocados por el presidente para participar en el diseño de políticas de gobierno en materia económica para impulsar el crecimiento del país.
De la buena relación de AMLO con Slim y Salinas Pliego, el único que la pudo conservar y beneficiarse de la misma fue el primero, ya que el dueño de Grupo Salinas terminó por tener diferencias con el presidente, con motivo de sus litigios fiscales y por decisiones del nuevo gobierno que afectaron a sus empresas, como el hecho de que no le fuera dado el manejo de los recursos de los programas del Bienestar que se habían considerado otorgar a las sucursales de Banco Azteca.
Existen además otros empresarios y grupos de la iniciativa privada, cercanos a los gobiernos de la 4T que han sido beneficiados económicamente en proyectos federales, estatales y municipales; aunque un grupo importante fue desplazado en la ejecución de las obras que AMLO asignó su ejecución al Ejército mexicano, como el AIFA y el Tren Maya.
Actualmente, investigaciones periodísticas han dado a conocer los grandes negocios y ganancias obtenidas por empresas en las que participan como socios, militantes de Morena y funcionarios de gobierno a través de familiares o socios incluso ligados a los cárteles del narcotráfico con operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Así la relación entre el gobierno y los empresarios que dejó el expresidente, sigue la misma línea en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es decir, un día los recibe en Palacio Nacional y les promete resolver sus problemas y apoyar su crecimiento y al otro día, los somete a nuevas reglas del SAT e impulsa reformas que ponen en riesgo sus inversiones y subsistencia, con nuevas cargas fiscales y laborales, lo que ha tenido como consecuencia que muchos de ellos, estén sacando sus capitales del país, por la falta de seguridad y la reforma al Poder Judicial que ha creado incertidumbre y desconfianza en los mercados.
Podemos afirmar que para la 4T la iniciativa privada y grupos empresariales nunca han dejado de ser considerados como adversarios del régimen calificándolos como conservadores, fifís, neoliberales, corruptos, enemigos del pueblo, sin importar las fuentes de trabajo que generan, los impuestos que pagan, su contribución al PIB, y al crecimiento de la economía del país.
Para ellos quizás sólo sirven para donar despensas a los afectados en las catástrofes originadas por los fenómenos naturales, lo que tampoco se les reconoce, al ser entregadas con el sello y colores de Morena, lucrando políticamente hasta en la desgracia de los damnificados que requieren estos apoyos.