Los mexicanos, desde el arribo al poder del presidente López Obrador, nos hemos visto inmersos en una guerra de medios todos los días; no sólo de lunes a viernes en que se difunden las conferencias mañaneras desde Palacio Nacional y en las que no sólo se da cuenta y se “informa” sobre los asuntos que atiende el presidente y su gabinete, sino también de su permanente guerra en contra de los que denomina sus adversarios, aprovechando para denostarlos y culparlos todos los días, de las desgracias y problemas que le heredaron, los gobiernos del período neoliberal tales como la desigualdad, pobreza, inseguridad, violencia, impunidad, corrupción, en educación, salud, inflación, servir a las trasnacionales y a los gobiernos extranjeros, haberse enriquecido en forma escandalosa ellos y sus familias con los recursos públicos, de la crisis del campo, de tener secuestradas a las instituciones, de pactar con los cárteles del narcotráfico y así una larga lista de males, que de alguna forma prometió acabar y que a la fecha siguen siendo el cáncer del actual sexenio, sin que los gobernados hayamos notado una mejora a la situación de las familias que a pesar de los apoyos de los programas sociales y del bienestar siguen sin mejorar su calidad de vida.
La retórica del presidente, de ante lo evidente de los problemas y la crisis de violencia e inseguridad que vive el país y que se ha empeñado en algunos casos en minimizar y en otros negar con el argumento de que el tiene otros datos culpando a sus adversarios y a los medios de comunicación no afines a su gobierno, de orquestar campañas en su contra, los últimos meses se ha venido desvaneciendo y a estas alturas, los ciudadanos ya no le creen, porque las buenas intenciones y discursos están muy lejos de solucionar el aumento de los homicidios dolosos, los enfrentamientos de los cárteles, el control de los territorios, las desapariciones y sobre todo el hecho de que cada día se da a conocer nueva información, de los pactos y alianzas del presidente y sus allegados con los líderes de los grupos de la delincuencia organizada financiando su campaña presidencial como ocurrió en la de 2006 en que se señala que recibió dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa y que fue dada a conocer por ProPublica, medio estadounidense que dio a conocer la investigación de la DEA y que dio origen al hashtag #AmloNarcoPresidente que ha superado los 170 millones de vistas, culpando el presidente al gobierno de Estados Unidos y a sus adversarios políticos de financiar mediante bots pagados esta campaña en su contra.
Sin embargo, ayer 15 de febrero, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer declaraciones del actual líder del Cártel de Los Ardillos, en las que señala que el Zeta 42 actualmente preso y quien fuera líder del Cártel de Los Zetas también entregó recursos a López Obrador para su campaña presidencial en 2006, lo que de resultar verídico, coloca al presidente en una situación delicada porque, con ello se cae su discurso de la 4T: “no mentir, no robar, no traicionar”, porque al no aclarar acusaciones tan graves, se demostraría que ha mentido al pueblo; que ha robado porque aceptar recursos provenientes del crimen organizado para su campaña estaría cometiendo un delito electoral y finalmente, el comprometer a su gobierno subordinándolo a los intereses de los cárteles y bandas de la delincuencia, haciendo a un lado la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y sus familias, representaría una traición para todos aquellos que le dimos nuestro voto, confiando en sus promesas de campaña y en su honestidad creyendo que sería un buen presidente.
Así las cosas, la propuesta a la Fiscalía General de la República, de revivir la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio involucrando a Genaro García Luna, su villano favorito para también golpear al expresidente Felipe Calderón, pasó a segundo término y ahora ha dedicado diez días consecutivos a defenderse de las acusaciones de ProPublica para convencer a los ciudadanos de ser una guerra en su contra sin pruebas y que se trata de una investigación cerrada por la DEA y el gobierno estadounidense.
Pero la situación anterior, también está afectando a la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum con el hashtag #SheinbaumNarcoCandidata, quién sólo se ha defendido usando el mismo discurso del presidente, sin deslindarse de él, por lo que de seguir estos reportajes y denuncias sobre la participación del narcotráfico en las campañas apoyando a los candidatos de Morena y partidos aliados, será imposible que Sheinbaum no sea acusada de lo mismo y sea arrastrada al juicio de los ciudadanos, que a estas alturas están entre desconcertados e indignados, por la fuerza que día a día cobra la delincuencia, que en forma cínica y retadora lleva a cabo sus actividades poniendo en jaque a poblaciones enteras y ahora rebasando a los gobiernos estatales, como el caso de Guerrero, en que ni el Ejército ni la Guardia Nacional han sido capaces de frenar a los cárteles que se han apoderado de las principales ciudades como Chilpancingo, Iguala, Taxco y la costa chica con una población aterrorizada que todos los días debe quedarse en sus casas para evitar ser víctimas de la delincuencia en los enfrentamientos.
A ciento cinco días de que los mexicanos vayamos a las urnas para elegir a quién será la o el próximo presidente de la república; la delincuencia, que sí está organizada y tiene la complacencia de las autoridades para expandirse y seguir aterrorizando a la población, está cumpliendo su cometido: colocar candidatos a los puestos de elección que le son afines, financiando campañas, eliminando a rivales y sobre todo apoderándose de municipios enteros en los que está ya supliendo el papel de las autoridades y donde los pobladores se han visto obligados a pedir su intervención para que cesen los ataques, aceptando sus condiciones, para al menos tratar de sobrellevar sus vidas por la ausencia de las autoridades y su incapacidad para detener a estos grupos.
Por lo que ante una sociedad como la nuestra completamente desorganizada y donde prevalece el individualismo, sobre el interés común, me pregunto: ¿realmente los mexicanos votarán porque este estado de cosas continúe los siguientes seis años? ¿No es momento de que el Ejército deje de estar haciendo obras y negocios y se ponga a combatir a los delincuentes? ¿De qué sirve al país, la Fiscalía especializada en delitos electorales? ¿Quién frenará que nos sigan gobernando políticos puestos y al servicio de la delincuencia organizada? ¿Cómo país, no tenemos la esperanza de que quien nos gobierne los próximos seis años, tenga una solución para el drama que viven las familias en los estados donde los cárteles del narcotráfico han sembrado su ley?