Los periodistas comunitarios Miryam Vargas Teutle y Erik Coyotl Lozada presentaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla contra la secretaria de Agua Potable de San Andrés Cholula, Alejandra Zamora Martínez, y el alcalde de ese municipio, Edmundo Tlatehui Percino, por los delitos de acoso, hostigamiento, violencia física y bloqueo informativo.
De acuerdo con lo manifestado por los profesionistas, la servidora pública aludida ha tratado de impedir el ejercicio periodístico de la Radio Cholollan en múltiples ocasiones.
Ello en el marco de las asambleas comunitarias realizadas para pedir información sobre la red de agua potable que se pretende instalar en la junta auxiliar de San Rafael Comac.
Respaldada por evidencias audiovisuales, Vargas Teutle denunció que la secretaria de Agua Potable la apretó el pasado vienes 15 de diciembre mientras realizaba la transmisión de la reunión vecinal. Lo anterior con la finalidad de inhibir su cobertura.
Cuando la comunicóloga le exigió no tocarla, la funcionaria sanandreseña se disculpó burlonamente y la volvió a apretar, lo que constituiría una posible violencia de género contra la periodista.
Por su parte, Coyotl Lozada señaló que le han negado información consecutivamente acerca de la red de agua potable referida.
“Le recordamos a las y los servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula que, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Articulo 8, fracción IV, son sujetos obligados para proporcionar información no solo a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía en general. Llamamos a las autoridades municipales a ser transparentes, a respetar el trabajo de Cholollan Radio, y a garantizar derechos fundamentales como la libre expresión, el acceso a la información, y la libre determinación de los pueblos indigenas”, se expresa en un comunicado compartido por los denunciantes.
Cabe agregar que ambos periodistas sentenciaron que las agresiones y estigmatización contra la radio comunitaria han sido una constante desde el ayuntamiento presidido por la morenista Karina Pérez Popoca.
Así, mencionaron que su denuncia no tiene tintes políticos ni la intención de golpear a nadie, sino defender los derechos humanos de las comunidades originarias.