Por permitir un crecimiento urbano irregular, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó al Ayuntamiento de Puebla de la exposición suscitada en octubre del 2021 en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
De acuerdo con la recomendación 169/2023, la Comuna capitalina fue omisa en los cuidados de las franjas de de los ductos de gas en los que se asienta la demarcación en cuestión.
La CNDH señaló que la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) también tuvo responsabilidad en el siniestro, que provocó la muerte de cinco personas y la pérdida total de 60 viviendas.
“Sobre el caso de la vulneración a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal y a una vivienda adecuada en agravio de 265 personas, por la falta de debida diligencia en el cuidado de las franjas de seguridad de los ductos de gas, que conllevó a una explosión por toma ilícita en la colonia San Pablo Xochimehuacán, Puebla”, apuntó.
El documento del organismo fue elaborado a finales de agosto de este año y, entre las recomendaciones para el gobierno municipal, se destacan las siguientes:
-Solicitar la colaboración de las autoridades competentes y realizar todas las medidas necesarias de carácter legal, administrativo y de obtención de recursos financieros, para que a más tardar durante los doce meses siguientes a la aceptación de la presente Recomendación, entregue las viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas a las víctimas identificadas con las claves de la V246 a la V254, habitantes de San Pablo Xochimehuacán, que sufrieron daños en dichos bienes como consecuencia de las explosiones ocurridas el 31 de octubre de 2021. Hecho lo anterior. se envien a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.
-Diseñar e impartir en el término de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, un curso integral de capacitación dirigido a su personal, en particular aquellas que realicen labores administrativas y de campo en dicho municipio, en materia de derechos humanos a la vida, integridad personal y vivienda, así como la relación que guardan sus atribuciones con el goce y ejercicio de estos, tomando en cuenta los criterios nacionales e instrumentos en la materia, a fin de que la violación a los derechos humanos sufrida por las 265 víctimas no vuelva a ocurrir.
El curso deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los del presente caso.