Existe en México una profunda crisis forense en materia de identificación humana a consecuencia de que se han acumulado más de 99,729 personas fallecidas sin identificar.
La mayoría de estas personas (60%) yace en fosas comunes en cementerios públicos. Estas fosas tienen registros deficientes y alta probabilidad de extravío de cuerpos. Otras personas fallecidas yacen en instalaciones de los servicios forenses (7%), universidades (5%) o centros de resguardo forense (1%). Las autoridades no han podido o no han querido informar dónde se encuentra el 22% de las personas fallecidas sin identificar. La cifra oficial de 99,729 personas es un piso mínimo reconocido por el Estado. Estimamos que existen muchas más.
La crisis en materia de identificación forense es un fenómeno multifactorial. No obstante, a grandes rasgos, ésta podría atribuirse a la combinación de dos aspectos estructurales:
- Por un lado, un incremento notorio en los niveles de violencia a partir del año 2006 que coincide con el cambio de la política de seguridad pública, llevando a las fuerzas armadas a realizar tareas de seguridad pública para combatir a la delincuencia organizada.
- Por el otro, una marcada incapacidad del Estado, y concretamente, de los servicios forenses, para responder a las necesidades crecientes de identificación humana.
Las causas de esta crisis son diversas y profundas
A.- Causas externas a las instituciones forenses:
- el aumento de la violencia en los últimos 15 años, en particular las desapariciones forzadas y por particulares,
- los homicidios y el ocultamiento de personas fallecidas en fosas clandestinas.
- La crisis de violencia ha generado una carga de trabajo inusitada para los servicios forenses del país.
B.- Causas inherentes a los servicios forenses:
- personal insuficiente,
- formación inadecuada,
- poco trabajo interdisciplinario, bajos sueldos y
- contratos temporales.
C.- Las desapariciones administrativas
Aunado a estas causas también se debe tocar el tema de las desapariciones administrativas por parte del estado:
- Exhumaciones mal realizadas,
- Personal e instalaciones forenses insuficientes,
- Funerarias convertidas a SEMEFOS,
- Cuerpos perdidos en el laberinto de la burocracia,
- Cuerpos entregados a familias erradas,
D.- Rezago en el análisis de muestras genéticas
- Los servicios forenses cuentan con protocolos deficientes, carecen de sistemas de supervisión y control de calidad, sus bases de datos están subutilizadas y escasamente interconectadas y faltan insumos y equipamiento en los laboratorios.
- Hay un importante rezago en el análisis de muestras genéticas, extravío de muestras y comparaciones incompletas entre perfiles. Asimismo, los servicios forenses carecen de independencia para realizar su trabajo; están subordinados a las decisiones del Ministerio Público, lo cual reduce las posibilidades de un enfoque científico.
- No hay una base de datos genética nacional que permita la confrontación ordenada, dedicada a personas desaparecidas y sus familias;
- La información genética que existe no se contrasta y comparte, y no existen las capacidades y voluntades para hacerlo de manera masiva.
E.- La impunidad como causa de la crisis forense
Según la información proporcionada por el Estado parte, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados
La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. La impunidad, además, opera como factor de re-victimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas.
F.- La falta de certeza en cuanto a números de desaparecidos
Considero que la peor de las causas es el que no se tiene certeza sobre la cifra de personas sin identificar en el país.
En 2019, la FGR contabilizó mínimamente 37 mil personas sin identificar en el país, 8 mil de las cuales se encontraban en plancha y el resto, se presumía que en fosas comunes.
En 2020, “Quinto Elemento Lab” calculó, con base en solicitudes de acceso a la información, 39 mil personas fallecidas sin identificar.
En 2021, el “Movimiento por nuestros desaparecidos” publicó, con base en solicitudes de acceso a la información, que hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar.
En México se cuenta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.
Este Registro permite visibilizar la dimensión del fenómeno de la desaparición en México. Según las cifras oficiales disponibles, al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95.121 personas desaparecidas.
El “Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021” del INEGI contabilizó, solo en 2020, más de 9,400 personas fallecidas y/o restos humanos recibidos y no identificados. (Sin incluir los servicios periciales que no son de fiscalías).
En pocas palabras NO existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni sobre los identificados no reclamados en las fosas comunes.
La participación del Estado para solución de la crisis forense
El país tiene más de cuatro años sin cumplir con la ley sobre desaparición forzada de personas, que preveía crear un banco de datos forenses, este instrumento es por demás esencial para la identificación de estos restos.
A mediados del año de 2019, el presidente constitucional de México Andrés Manuel López Obrador, anuncio que habría un mecanismo extraordinario de identificación forense que devuelva el nombre a miles de personas cuyos cuerpos permanecen el SEMEFO como anónimos, Hasta la fecha no existe ningún mecanismo.
El gobierno federal, especialmente desde la Secretaría de Gobernación, se ha referido a una “emergencia forense” en materia de identificación humana y ha anunciado medidas para atenderla. Algunas medidas apuntan a fortalecer los servicios forenses ordinarios, como la construcción de centros regionales de identificación. Por otra parte, está la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, propuesto por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones acompañantes, el cual intenta aportar una solución más específica, innovadora y de gran escala. A más de dos años de iniciado el gobierno actual, la implementación de las medidas es todavía muy limitada.
Conclusiones
Se debe reconocer que el gobierno de México ya dio el primer paso para resolver esta crisis al reconocer la existencia de este problema grave, pero aún queda mucho por hacer, en nuestra opinión, el mismo gobierno debe de actuar de manera inmediata destinando todos los recursos necesarios y tener la voluntad política para resolverlo.
La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto requieren de la adopción e implementación urgente de una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones.
La política nacional debe ser integral, atender y combatir las causas de las desapariciones forzadas y apuntar a su no repetición. Debe contener acciones concretas e indicadores mensurables que permitan evaluar su cumplimiento y resultados. Con esta finalidad, deberá establecerse un sistema de monitoreo transparente e independiente que asegure la rendición de cuentas.
El diseño de la política nacional debe involucrar a todas las autoridades federales, estatales, municipales, así como a los órganos autónomos de México y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes.
Se requiere que de una manera urgente que se fortalezcan los servicios periciales, por medio de una Norma Oficial Mexicana para el resguardo de cuerpos, compartir información forense en el noreste del país, comparar perfiles genéticos de forma masiva, así como cotejar huellas dactilares con el INE, el SAT y bancos, e integrar un banco nacional de información genética.
Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición, que asegure el debido tratamiento de los casos, tanto los recientes como los acumulados. Esta estrategia debe incluir un plan de acción y un cronograma, para asegurar procesos exhaustivos e imparciales, y para investigar sistemáticamente las posibles cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación.
Esta estrategia debe tener en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto en el cual ocurrió la desaparición.
Crear, por medio de un proceso liderado por la Fiscalía General de la República, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, según lo establece la Ley General en materia de desaparición de personas.
Garantizar que ninguna persona fallecida sin identificar sea inhumada en fosas comunes o sea entregada a universidades, como lo establece la legislación vigente.
Expandir y mejorar los servicios forenses ordinarios, especialmente aquellas áreas dedicadas a la identificación humana, en términos de personal, infraestructura, presupuesto e interdisciplinariedad.
Establecer la autonomía formal y real de los servicios forenses en todo el país, eliminado la subordinación de las y los peritos ante el Ministerio Público.
Actualizar el Protocolo para el tratamiento e identificación forense y desarrollar protocolos aún pendientes para todas las disciplinas intervinientes en los dictámenes de identificación.